Justifica AMLO petición de juicio político contra juez

Al justificar la presentación de la solicitud de un juicio político contra el juez Cresencio Contreras, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la instrucción es no quedarnos con nada cuando se tengan pruebas de conductas irregulares porque se han detectado ya prácticas muy descaradas a favor de la delincuencia, porque había un delincuente muy famoso que recibía protección de jueces y pretendía que se le transfiriera a Reynosa o Matamoros.

“Se hicieron todos los trámites, creo que hasta hoy se resolvió que quedara detenido en penal de alta seguridad, por los riesgos que implicaba. Era insistente la actitud del juez. No sé si ese sea el caso del juez, pero la instrucción es que cuando se detecten esto no nos quedemos callados ni inmóviles, que se presenten denuncias legales, cuando se tengan pruebas”.

En este contexto retomó el caso Colosio y la polémica generada por el giro que ha dado porque la Fiscalía General de la República identificó a un segundo tirador, rechazando que se pretenda reciclar el tema con fines electorales. “Es muy fácil decir que la caja china o la cortina de humo. Nunca me ha interesado la política espectacular, no soy Salinas”.

Aseveró que el asesinato de Colosio no se trata de cualquier caso, “cuando es un asunto de gran sospecha, no hablemos de otra cosa, de mucha sospecha desde que sucedieron las cosas. Un hecho de lo más deleznable, inhumano, quitarle la vida así a un candidato presidencial”.

Difundió un reporte de la FGR que recogía planteamientos del juez en torno al caso según el cual este consideraba que el gobierno federal pretendía utilizarlo con fines electorales y que él no le “iba a hacer el caldo gordo” al Presidente. Y expresaba además su molestia con las decisiones del mandatario para poner fin a los fideicomisos que tienen en el Poder Judicial.

Sin embargo, López Obrador ratificó que la relevancia del caso Colosio no permite dejar de lado la investigación. “No estamos hablando de cualquier caso” pues ahora surge información de alguien que está siendo juzgado en Nueva York (en alusión a Genaro García Luna). Dijo que nos enteremos hace unos días que quien fue a rescatar a este segundo tirador fue García Luna.

Señaló que la Fiscalía General de la República tiene las pruebas de que hubo un segundo tirador.

Así, ante la inacción del Consejo de la Judicatura Federal frente a actos de presunta corrupción de juzgadores, el gobierno de México presentó una denuncia de juicio político contra el juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, interpuso dicha denuncia ante la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, para que ésta “analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la República para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”.

En un comunicado, la Segob expuso que en el Gabinete de Seguridad se analizó este caso sobre “probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”.

Lo anterior, porque existen elementos “que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.

La denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados incluye detalles de casos de alto impacto en los que el juzgador ha fallado a favor de presuntos criminales. La Segob destacó, por ejemplo, “la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”.

En la exposición de motivos, Gobernación indicó que el juez federal actuó presuntamente con “desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces. Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”.

Alcalde Luján indicó que el gobierno de México está comprometido con la legalidad, el estado de derecho, y “la lucha permanente y sin concesiones en contra de la corrupción y la impunidad”.