El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, afirmó que la suspensión del Plan B, que ordenó al dar entrada a la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE), tuvo como fin preservar el sistema democrático.
En el acuerdo de la suspensión, publicado en los estrados del máximo tribunal, el ministro señala que la reforma a las leyes electorales planteada supone suprimir varias áreas y recortar personal del INE, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de su función.
“…El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, señala el documento.
Explica que, de no otorgarse la suspensión, se podrían concretar los ajustes planteados, por lo que, afirma, era preciso otorgar la medida cautelar contra la totalidad del decreto impugnado.
“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, añade.
Lorenzo Córdova busca preservarse en el mandato del INE, si no físicamente, a través de un acuerdo que legitimaría a la «burocracia dorada».
Quieren acordar volver a leyes previas a reforma electoral
Por su parte, el todavía consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, propondrá un proyecto de acuerdo para su aprobación en la sesión extraordinaria del Consejo General de este lunes, programada a las 17:00 horas, a fin de que todas las decisiones se sujeten a las leyes que estaban vigentes antes de la aprobación de la reforma electoral.
Durante la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, el consejero presidente dio a conocer que en el transcurso del día circulará entre los integrantes del consejo general este proyecto, con el objetivo de establecer que las actividades y operación del INE siguen tal cual estaban antes de la publicación del Decreto que deroga y modifica diversas leyes en materia electoral.
Luego de que la SCJN aprobó suspender de manera indefinida el Plan B que modificó varias leyes electorales, Córdova Vianello consideró necesario que sea el mismo Consejo General quien apruebe que todas las actuaciones “deben ceñirse a la norma vigente que estaba antes de la reforma electoral”.
Aunado a este punto que se desahogó en los asuntos generales de dicha sesión, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, aprovechó este espacio para reconocer la labor de Lorenzo Córdova, al señalar que ha demostrado “un gran liderazgo” y agradeció que le haya permitido acompañarlo a lo largo de nueve años en los que ha sido consejero presidente.
Adiós a una parte de la «burocracia dorada», aunque quedarán algunos fieles escuderos de la antidemocracia.
En ese mismo sentido se pronunció Sergio Bernal Rojas, titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al considerar que Córdova encabezó un instituto que ha podido organizar 331 elecciones pacíficas en el país, lo cual ha permitido “un círculo virtuoso para dar legitimidad a la democracia en el país”.
Al término de los elogios que le hicieron Jacobo Molina y Sergio Bernal al todavía consejero presidente, concluyeron con aplausos la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva para reconocer el desempeño que tuvo Córdova, quien agradeció el apoyo de todos los presentes.
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