El amplio archivo que integró la PGR en contra de Raúl Salinas de Gortari –y que exoneró al ingeniero y a sus cómplices– da cuenta puntual de cómo se fraguó y operó el multimillonario fraude a las finanzas públicas.
El año 1991 marcó un punto fundamental en esa historia de peculado, que involucró prestanombres, más de un centenar de cuentas bancarias en México y el extranjero, una decena de empresas y más de 40 bienes inmuebles. El complejo esquema financiero y empresarial fue ideado explícitamente por dos abogados para ocultar que el origen de la fortuna es el erario nacional. En breve (tal como ocurrió), el hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari recuperó cada centavo y propiedad mal habidos.
La excelente periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea, reportó en el año 2013 cómo la entonces Procuraduría General de la República (PGR) defendió en vano ante la justicia federal las múltiples pruebas que presentó en contra de Raúl Salinas de Gortari, quien aún es señalado de haber incurrido en presuntos delitos de peculado y lavado de dinero.
Si el Estado pierde este caso (como finalmente sucedió), tanto Raúl como sus dos principales prestanombres –Juan Manuel Gómez Gutiérrez y Jesús Gómez Portugal Montenegro– legalizarán una fortuna que supera los 2 mil millones de pesos extraídos del erario, que hasta ahora se mantenía congelada por orden judicial. También les serán devueltas decenas de propiedades y empresas.
Además del esquema concebido para lavar el dinero que el llamado hermano incómodo extrajo del presupuesto público durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), en los archivos de la Procuraduría se da cuenta de la historia de uno de los fraudes más relevantes urdidos contra las finanzas públicas de México desde la Residencia Oficial de Los Pinos.
Entre las evidencias que aún sostiene el Ministerio Público contra el ingeniero, están la apertura de más de 100 cuentas bancarias en México y el extranjero, la constitución de una decena de empresas, la compra-venta de bienes inmuebles, la intensa participación de “socios” reales y ficticios y los beneficios entregados a familiares, entre los que destacan la madre (Margarita de Gortari de Salinas) y la exesposa (Cecilia Occelli) del expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
También las decenas de pruebas del origen del capital: cheques, transferencias y diversos movimientos financieros hechos con dinero público, no sólo de la partida secreta, sino de las paraestatales Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) y Diconsa (Distribuidora Conasupo) y del Programa Nacional Solidaridad, donde Raúl Salinas se desempeñó como servidor público durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y de su hermano Carlos.
Un año antes de las elecciones presidenciales, Raúl Salinas de Gortari empezó a configurar el que sería a la postre su esquema de lavado de dinero. En 1987 –cuando su hermano Carlos ya había sido postulado por el Partido Revolucionario Institucional como candidato a la Presidencia de la República–, el ingeniero ordenó a su “socio” Juan Manuel Gómez Gutiérrez que constituyera una compañía inmobiliaria para adquirir unos bienes inmuebles por cuenta de él y de su familia.
Entonces se creó Inmoprodesa. El administrador único fue Gómez Gutiérrez. La compañía funcionó en el tiempo de gloria de los Salinas: de 1987 a 1994, año en el que fue liquidada. En 1987 también se constituyó la empresa Agropecuaria Mendocinas, S de RL, con el objeto de adquirir un rancho, también llamado así y ubicado en Puebla.
Ya instalado en el poder presidencial Carlos Salinas, su hermano comenzó una activa participación en bancos de México y el extranjero con la cobertura y complicidad de los sistemas financieros. Así, en 1989 y por instrucciones de Raúl Salinas, se abrió una cuenta en Banco del Atlántico a nombre de Juan Manuel Gómez Gutiérrez, donde se efectuaron depósitos en efectivo y cheques de caja entregados por el propio Raúl.
Este último instruía cómo se gastaban o invertían los recursos: pago de prediales, gastos de su casa, depósitos mensuales a Ana María Pasalagua (exesposa de Raúl), entregas mensuales a su madre (Margarita de Gortari de Salinas), entregas a la licenciada Ofelia Calvo (secretaria de Raúl), transferencias a Gladys Franco, pagos de impuestos, compra de cheques de viajero. Identificada con el folio 16-70837-3, la cuenta tuvo movimiento hasta julio de 1991.
En 1989, y por instrucciones de Raúl, Gómez Gutiérrez abrió otras cuentas en Banca Cremi. En éstas se depositaban, en su mayor parte, cheques de caja que entregaban tanto Raúl como Justo Ceja, entonces secretario particular del expresidente de México.
Según la relatoría de las autoridades, la totalidad de los recursos entregados por Ceja fue destinada a las inmobiliarias Inmoprodesa y Ébano (constituida en 1992 por el principal prestanombres de Raúl: Gómez Gutiérrez). Se presume que en este caso el dinero habría provenido de la llamada partida secreta por órdenes del propio Carlos Salinas de Gortari.
En esa misma época se constituyó la empresa Carloma, SA, dueña oficial de la residencia que habitaba Raúl y su familia, ubicada en Monte Cáucaso, colonia Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal.
En una de esas cuentas se depositaban los importes por rentas cobradas por Cecilia Occelli, exesposa del entonces presidente de México. En otra de esas cuentas se controlaban los recursos que Raúl destinaba para el rancho Mendocinas. Cada semana se traspasaban recursos a otra cuenta abierta a nombre de Gómez Gutiérrez, en Banca Somex, para de ahí girar a una cuenta a nombre de Francisco Téllez Guzmán (administrador del rancho), también abierta en Banca Somex, en San Martín Texmelucan, Puebla.
Conforme se acercaba el cierre del sexenio, Raúl buscaba un velo legal para sus operaciones multimillonarias. Por ello, a mediados de 1991 solicitó cancelar todas las cuentas bancarias con las que se controlaban sus recursos y abrir una nueva. A diferencia de las anteriores, ésta se creó en Banca Cremi, bajo los nombres ficticios de Rolando Gutiérrez Rovira (cuya firma inventó Juan Manuel Gómez Gutiérrez) y Juan José González Cadenas (segundo apoderado y cuya firma ideó el propio Raúl).
La complicidad del banco propiedad de Carlos Cabal Peniche llegó a tal punto, que los comprobantes de domicilio utilizados para esa cuenta fueron los mismos de la institución financiera. Ni siquiera fue necesario que los prestanombres (que además eran ficticios) aportaran documento alguno para abrirla; aunado a ello, el depósito proveniente de una decena de cuentas bancarias figuró como efectivo, con el claro objetivo de no ligar las cuentas canceladas con la nueva.
En febrero de 1994, a punto de finalizar el gobierno de su hermano Carlos, Raúl Salinas y su prestanombres Juan Manuel Gómez Gutiérrez empezaron a examinar la situación legal del patrimonio que habían amasado con recursos públicos.
Así, en ese mismo mes, ambos se reunieron con el abogado Juan Velázquez para tratar ese tema. Tras escuchar la situación, éste se mostró preocupado por la parte fiscal y recomendó consultar a otro abogado, Luis del Valle Gurría, quien después fuera consuegro de Raúl.
Al revisar la situación patrimonial y fiscal de Raúl, Del Valle detectó algunas anomalías, como que algunos inmuebles fueron escriturados a precio más bajo de lo realmente pagado.
El análisis también arrojó que había gastos que no correspondían con los ingresos de Raúl en su dualidad de servidor público y empresario. Entre éstos, el uso indiscriminado de tarjetas de crédito, las inversiones en Agropecuaria Mendocinas y las inversiones en decenas de inmuebles. Estas erogaciones fueron hechas con recursos de la cuenta del prestanombres ficticio Rolando Gutiérrez.
Con esta revisión, el abogado Luis del Valle propuso a Raúl que dichos gastos se manejaran como préstamos de alguna persona de confianza y que, por supuesto, lo pudiera justificar económicamente. Al no querer “involucrar” a terceros, se decidió que los “préstamos” provinieran de una empresa extranjera. De esta forma, Gómez Gutiérrez aparecía como prestamista de Raúl.
En la misma asesoría que brindó el abogado Luis del Valle Gurría para asegurar la propiedad de los bienes inmuebles de Raúl Salinas (visiblemente alejados de sus ingresos), le recomendó constituir un fideicomiso en el extranjero.
Raúl le consultó la conveniencia de crear compañías en el extranjero para que éstas fueran las propietarias de sus inmuebles. Del Valle Gurría le dijo que sí y recomendó que se constituyeran –por “economía en impuestos y gastos”– en los paraísos fiscales de Liechtenstein, Islas Vírgenes Británicas o Gran Caimán.
Tras aquella conversación, Raúl solicitó a los abogados Juan Velázquez, Luis del Valle y al propio Juan Manuel Gómez Gutiérrez que crearan las empresas necesarias para que éstas adquirieran Agropecuaria Mendocinas, Carloma, Inmobiliaria Contadero (constituida desde 1981) y Aobmex.
En la Ciudad de México y con la ayuda de Curtis Lowell JR, funcionario del Julius Baer Bank, de Zúrich, Suiza, se constituyó la compañía Novatone, Inc, con domicilio en Liechtenstein, y también se abrió una cuenta en este banco a favor de la misma compañía. Como apoderado firmó Juan Manuel Gómez Gutiérrez y su segundo fue el propio Raúl.
Para octubre de 1994, 2 meses antes de que Carlos Salinas dejara la Presidencia de la República, los abogados Luis del Valle, Juan Velázquez y el contador Gómez Gutiérrez se reunieron en Zúrich, Suiza, para contratar los servicios del abogado Ulrich Kohli –también identificado como testaferro de la compañía Siemens– para que fungiera como representante legal de Novatone.
En aquella reunión se estableció que Novatone adquiriría otras compañías ubicadas en Islas Vírgenes Británicas con el objeto de que, a su vez, éstas compraran acciones de las compañías en México. Se aclaró con el abogado Kohli que estas compañías eran propiedad de Raúl Salinas y que él deseaba tener en su poder todos los títulos de propiedad de las mismas.
En el Julius Baer Bank, Raúl Salinas abrió una cuenta a su nombre y otra a nombre de Gómez Gutiérrez, la cual se utilizaría para gastos por cuenta del propio Raúl. Fue este mismo quien efectuó los movimientos financieros en esas cuentas: en la personal, depositó 10 millones de dólares; de ahí traspasó a la cuenta de Novatone 2.5 millones de dólares, y a la cuenta de Gómez Gutiérrez, 400 mil dólares.
En la cuenta de Novatone, su ya fallecido hermano Enrique Salinas depositó 1 millón de dólares y otros importes propiedad de Raúl, además de que efectuó movimientos personales.
A principios de noviembre de 1994, Raúl, sus abogados mexicanos y Gómez Gutiérrez, acompañados por Curtis Lowell, fueron a Gran Caimán para establecer tres compañías domiciliadas en Islas Vírgenes Británicas, abrir cuentas de bancos para que esas compañías pudieran mover los recursos y nombrar un representante legal.
Raúl dio su autorización para proceder a la venta de las partes sociales de Agropecuaria Mendocinas a Casablanca Enterprises. Se pidió al abogado Ulrich Kohli que diera instrucciones al banco de situar fondos en la cuenta de Casablanca por 2 millones 400 mil dólares. Este importe se le pagó a Jesús Gómez Portugal, quien a su vez saldó los documentos que “debía” a Raúl Salinas y sus socios.
Raúl pagó a Gómez Gutiérrez a cuenta de los “préstamos” recibidos y este último devolvió a Novatone, a cuenta de “préstamos recibidos”, el mismo importe que habían extraído. El llamado hermano incómodo instruyó la venta de las acciones de Inmobiliaria Contadero y de Carloma, por lo que se transfirieron 3 millones 400 mil dólares a Gómez Gutiérrez: 1 millón 400 mil dólares a una cuenta que éste poseía desde 1970 en San Diego, California. De esa cantidad, Gómez Gutiérrez devolvió a Novatone, a cuenta de sus “préstamos”, 1 millón de dólares; y los otros 400 mil, los traspasó a su cuenta de Bancomer, en México, para el pago de impuestos. Los otros 2 millones de pesos también se integraron a la cuenta de Bancomer.
Tras 17 años de juicio, la justicia mexicana procederá en breve a devolver esa fortuna a Raúl Salinas y sus testaferros; ello, en caso de que la PGR pierda el recurso de apelación contra la sentencia que exonera al ingeniero del delito de lavado de dinero, dictada a inicios de agosto de 2013.
En 1987, Raúl Salinas de Gortari pidió a Juan Manuel Gómez Gutiérrez constituir una compañía inmobiliaria para adquirir unos bienes inmuebles por cuenta de él y su familia.
Cada compra-venta de bienes inmuebles se realizó por órdenes de Raúl Salinas y de Justo Ceja, quienes aportaban el capital de la empresa.
Fuente: Contralínea 347 / agosto 2013
Con información de Nancy Flores / @Nancy_Contra / para la revista Contralínea
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