Por resoluciones indebidas de diversos jueces, más de 100 delincuentes, en su mayoría ligados al crimen organizado o acusados de delitos de alto impacto, han regresado a las calles, sostuvo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden.
Existe registro de 193 determinaciones –casi 200 decisiones judiciales– que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes mediante traslados, liberaciones y egresos definitivos.
Es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes, señaló el funcionario.
Entre los casos más graves, citó al juez Gregorio Salazar, quien ordenó la libertad de Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. En marzo de 2024 dictó auto de no vinculación a proceso contra Juan Enrique N, operador del cártel del Golfo. En noviembre de ese mismo año, revocó la medida de prisión preventiva a José Alfredo N, alias El Contador, también sobrino de Cárdenas Guillén, cabecilla del mencionado cártel.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseveró que han detectado conductas ilegales que podrían dar lugar a denuncias por delitos contra la administración de justicia. ¿Qué ha pasado? Que no nos dejan proceder en el Poder Judicial, porque dictaron un acuerdo interno en el que se establece que ningún juez puede ser procesado sin su autorización, denunció.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la oposición: “¿por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Ahora resulta que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero, ¿dónde está la crítica a lo que está ocurriendo hoy? No sólo hablamos de nepotismo y corrupción –denunciados incluso por la propia presidenta de la Corte–, sino de estos casos en los que es impresionante que jueces liberen a delincuentes”.
Sheinbaum subrayó que con la renovación del Poder Judicial y la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial podrá ponerse un alto a este tipo de conductas. “Actualmente puede presentarse una denuncia penal, pero si no hay pruebas contundentes, un juez puede argumentar: ‘Eso consideró mi compañero, el otro juez’”.
–Más allá de lo que ocurra en septiembre, ¿diría que hay encubrimiento por parte de la presidenta del Consejo de la Judicatura?
–Lo que nosotros mostramos son los hechos, para que la ciudadanía sepa. Hay quienes aún sostienen que ‘el Poder Judicial, como está, está muy bien’ y que la reforma es autoritaria. Pero es importante entender de dónde vino la reforma: surgió del tremendo nepotismo dentro del Poder Judicial y de numerosos casos como los que aquí se mencionan, que son apenas los más significativos.
García Harfuch detalló los excesos: se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que representa a más de 100 delincuentes que han regresado a las calles. Además, se realizaron 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin cumplir con las formalidades del proceso, a pesar de que la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la SSPC consideró no viables los traslados, ya que dichas personas están recluidas por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio.
De los 42 jueces que han favorecido a presos con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabezan la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15. Entre octubre de 2024 y abril de 2025, fueron liberadas 26 personas pertenecientes a distintas organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa, el del Golfo, Jalisco Nueva Generación, La familia michoacana, Los Zetas y Los Rojos.
Además, el secretario mencionó que otro juez, Silvestre Peña Crespo, está entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados de presos asociados al crimen organizado. Peña Crespo ha emitido cinco resoluciones de traslado entre Ceferesos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto: secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores y portación de arma de fuego.
Al detallar otros casos, García Harfuch refirió que una jueza de Guerrero a la que no identificó, dictó auto de libertad a Nabor N, alias El Camaleón, quien fuera jefe de plaza de La familia michoacana. A esta persona se le atribuye el secuestro de siete elementos de una institución de seguridad pública en 2009.
Aunque no identificó a los jueces responsables de las sentencias, subrayó que el 10 de abril de 2025, Francisco Javier N, alias M-60, jefe de plaza de La familia michoacana, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas que fueron privadas de la libertad en un estado de indefensión. Además, Nicolás Armando N, líder del cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el 15 de abril.
