El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) celebró la liberación de Aurelia García, una mujer indígena originaria de Xochicalco, Guerrero, que fue privada de su libertad en 2019 por abortar.
El pasado martes 20 de diciembre fue liberada la mujer de 23 años, la cual fue imputada por el presunto delito de homicidio en razón de parentesco.
Sin embargo, tras una determinación judicial con perspectiva de género e interculturalidad se logró demostrar que Aurelia García fue víctima de violencia sexual, el cual resultó en un aborto involuntario que la llevó a ser hospitalizada y posteriormente arrestada.
Ante dicha situación, Inmujeres hizo un llamado a las autoridades a continuar trabajando e incorporando la perspectiva de género e interculturalidad en sus resoluciones, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, “para que ninguna otra mujer, como Aurelia, sea criminalizada por abortar”.
El caso de Aurelia García
Aurelia García fue hospitalizada en 2019 como consecuencia de un aborto espontáneo, posteriormente fue arrestada por el presunto delito de homicidio en razón de parentesco.
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad de 10 votos en septiembre de 2021 la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, en la que se pronunció sobre:
“La inconstitucionalidad de las normas que criminalizan de manera absoluta a las mujeres y personas gestantes que deciden abortar; y la garantía del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, como derecho exclusivo a la autonomía reproductiva y, por tanto, a la autodeterminación sobre la maternidad”.
“Al haber alcanzado una mayoría de votos, este importante precedente debe ser observado por todas y todos los jueces en el país, tanto federales como locales, por lo que deberán pronunciarse por la inconstitucionalidad de las normas penales que no contemplen la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, así como determinar la liberación inmediata de las mujeres que hayan sido encarceladas tras sufrir un aborto, en los términos dispuestos en la mencionada decisión judicial”.
Finalmente, Inmujeres aseguró que es indispensable que todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, garanticen la prevención y atención a las víctimas, además de asegurar que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual no sean criminalizadas por abortar y puedan acceder a servicios de anticoncepción de emergencia, “ya que la negación de estos servicios afecta en mayor medida a las que viven en situación de mayor vulnerabilidad por su origen étnico, edad y condición económica, entre otros factores”.
“Como servidoras y servidores públicos, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, y remover todos los obstáculos que les impidan decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su proyecto de vida”, concluye el comunicado de Inmujeres.
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