Luego de doce años del derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, el Gobierno federal inició los trabajos de remediación ambiental de la cuenca, con la meta de retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado y recuperar las condiciones ambientales de la región.
En un recorrido por Ures y Aconchi, Arturo Gavilán García, director general de Manejo Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, informó que se tomarán 800 muestras de suelo a lo largo de 288 kilómetros de la cuenca para determinar las áreas que requieren intervención.
Además, se prevé retirar y manejar hasta 100 mil toneladas de suelo y sedimentos contaminados con análisis posteriores para verificar los resultados.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pusieron en marcha el programa en Ures, Sonora desde el 15 de octubre.
Los trabajos prioritarios tienen un plazo estimado de 87 días, mientras que la supervisión continuará hasta enero de 2027. De acuerdo al plan este contempla cinco frentes de trabajo, la toma de 800 muestras de suelo a lo largo de 288 kilómetros y la instalación de campamentos en Ures, Aconchi y Huépac.
De acuerdo con las autoridades, el proceso comenzará con vuelos de drones para identificar las zonas que requieren intervención. Laboratorios acreditados analizarán las muestras para determinar los puntos de limpieza y el manejo de los materiales contaminados.
Las empresas Veolia, Semsa y Taesa estarán a cargo de los trabajos y deberán contratar proveedores y trabajadores de la región. Además, se realizarán reuniones de seguimiento cada dos semanas con participación de las comunidades.
El derrame ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado procedentes de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, llegaron a los ríos Sonora y Bacanuchi. Desde entonces, habitantes de la cuenca han exigido atención a las afectaciones ambientales y sanitarias.
La remediación del suelo forma parte de un programa más amplio que incluye acciones en materia de agua y salud de la población afectada, cuyos avances deberán evaluarse durante los próximos meses.
