Ayer viernes, unos minutos antes de la medianoche, se distribuyó en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Aguas, en la que se prioriza el derecho humano al líquido, se reglamentan las concesiones y se tipifican diversos delitos hídricos.
En el documento, que incluye también modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, se añadieron algunos cambios a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de las demandas y observaciones de campesinos y productores agrícolas que manifestaron su desacuerdo con ambas normas.
En ellas, se mantiene la disposición de que las concesiones no podrán transmitirse a terceras personas, pero les dan garantías de sucesión para heredar y no se les retira la licencia por infringir las transmisiones.
Uno de los cambios se dio en el artículo 4 de la nueva Ley General de Aguas, para precisar que la disminución o cancelación del volumen del líquido debe estar fundada y motivada en preceptos legales específicos.
Se establece también la necesidad de retirar los títulos de concesión que no estén siendo utilizados para que el volumen que contengan se reincorpore a las aguas nacionales.
Se insiste en que la autorización, permiso, concesión, asignación o prórroga que se otorgue debe priorizar el consumo humano y doméstico del agua.
En la exposición de motivos del dictamen elaborado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de San Lázaro, se señala que se protegerá a los pequeños usuarios rurales, cuyos derechos están siendo excluidos por no poder comprobar su uso durante dos años.
Además, se busca poner fin a la impunidad fiscal, toda vez que en el 2023 los usuarios industriales y de servicios sólo pagaron 12 mil millones de los 56 mil millones que adeudaban.
La nueva ley es reglamentaria de la reforma constitucional que se expidió en 2012, y que obligó incluso a que la Suprema Corte exigiera al Congreso aprobar la reglamentación secundaria.
Prometen tomar en cuenta exigencias campesinas
El viernes, en las horas previas a que se diera a conocer el dictamen, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, señaló que todavía tuvo tiempo de reunirse con campesinos inconformes, para escuchar sus inquietudes y ver de qué manera se podían incorporar al texto que se discutirá en comisiones el próximo miércoles.
El dictamen, aseguró, “va a tener cambios, precisiones, aclaraciones y va a aclarar las dudas también de los productores y sí vamos a hacer modificaciones a la iniciativa inicial para poder atender sus preocupaciones, demandas y exigencias”, subrayó.
Monreal afirmó que su intención era que desde el viernes las comisiones tuvieran el dictamen, de tal forma que tuvieran “cinco días para estudiarlo y para valorarlo ya con las modificaciones. Estamos hablando que estaríamos reuniéndonos el próximo miércoles en comisiones, y si se puede, el mismo miércoles se turna al Pleno, y si no, el jueves”.
Luego de recalcar que “es conveniente no dejar dudas en la intención de esta tan importante ley”, insistió en que, como dijo la jefa del Ejecutivo, en las iniciativas “de lo que se trata es que no haya acaparamiento del agua, que no haya uso indebido, que no se venda y no se destine a fines distintos a los que la concesión se refiere y que no haya impunidad” para quienes cometan ilícitos relacionados con este tema.
En el mismo tono, reconoció que el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, “nos pueda entender que la presión de los campesinos y de los productores es correcta en muchos de esos puntos que ahora estamos aclarando y precisando, y que vamos a actuar con mucha responsabilidad”.
— ¿Van a quedar satisfechos los productores del campo con este dictamen? – se le preguntó.
— En la mayor parte, se van a atender. Obviamente en un acuerdo y una negociación no se tiene todo, no se logra todo. Es una negociación, pero yo estoy de acuerdo, me pongo del lado de los productores y estoy seguro que los temas sustanciales, los temas más importantes, sí van a quedar atendidos en esta ley, consideró.
