El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a “tener la humildad de rectificar” y no esperen a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “les enmiende la plana” y les ordene llevar a cabo la consulta de revocación de mandato presidencial.
Propuso que si el INE no cuenta con fondos para organizarla, presente un plan alternativo y pida ayuda a los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México y de otras entidades, así como al gobierno federal e incluso a los ciudadanos.
Nuevamente, el mandatario insistió en su conferencia de prensa matutina, que bajo ningún pretexto el INE puede incumplir un mandato constitucional y sostuvo que su gobierno sí podría llevar a cabo la consulta, “pero lo más conveniente es que haya un acto de rectificación del mismo INE, porque no tienen razón”.
Para el Presidente, si la decisión de aplazar la consulta no se aprobó, el viernes en la sesión de Consejo General, por unanimidad, sino “fue de seis votos contra cinco, deberían, sobre todo el presidente (Lorenzo Córdova), tener capacidad, la humildad suficiente y la voluntad democrática, para rectificar”.
Asimismo, señaló que debe buscar opciones y ofrecer un plan alternativo, no esperar a que el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia le “enmienden o le corrijan la plana”.
“Son intereses superiores que no deben quedarse de lado, no puede haber un interés personal por encima de un interés superior, por encima de la democracia, del pueblo, de la Constitución”, expresó.
Incluso consideró que la votación del viernes está relacionada con “una actitud de enojo de quienes debieran facilitar, abrir los cauces democráticos y por eso estas tácticas dilatorias”.
Manifestó que la consulta sí debe realizarse, confió en que se resuelva por los ministros y magistrados electorales, pero acotó que el primer paso deben darlo los consejeros. “Sería muy bien visto que en estos días elaboren un plan alternativo”, agregó.
Diputados de los partidos de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) plantearon la presentación de un juicio político contra los cinco de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de la suspensión de la consulta de Revocación de Mandato, la cual estaba programada para llevarse a cabo en abril del 2022.
La Asociación Nacional de Legisladores de la 4T (Cuarta Transformación), integrada por las y los diputados de los partidos anteriormente mencionados, expusieron en un comunicado su aprobación a proceder jurídicamente contra los consejeros del Instituto.
Firmado por 80 diputados y diputadas, el documento expone la importancia del ejercicio democrático de la Revocación de Mandato, amparándose al derecho que lo otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, de acuerdo con el artículo 35, establece el derecho de la ciudadanía a la participación de la revocación de mandato.
“Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas”, establece la Carta Magna, argumento que sostiene la Asociación en su comunicado.
Dicho grupo igualmente argumenta que, de acuerdo con el artículo 29 constitucional, la única excepción por la que pueden suspenderse los derechos constitucionales es “cuando existe invasión, perturbación, grave de la paz pública o peligro para la sociedad”, cosa que, argumentan, no es el caso ante la decisión del Consejo General del INE de aprobar la suspensión de la Revocación de Mandato.
“La suspensión de los derechos sólo puede existir mediante autorización expresa del Poder Legislativo Federal, en el que están representadas las 32 entidades federativas, por lo que se advierte una notoria invasión de facultades parlamentarias”, detallaron en su boletín, igualmente empleando el diverso 27.2 de la Convención de Derechos Humanos, la cual habla sobre la suspensión de los Derechos Políticos.
La Asociación Nacional de Legisladores expresó su apoyo al diputado Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Cámara de Diputados, por “agotar todas las vías jurisdiccionales, incluyendo las de carácter penal, a fin de lograr que se restablezca el orden constitucional”.
Gutiérrez Luna recientemente reveló la presentación de una controversia constitucional ante Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar una formal demanda contra el INE por su resolución ante la consulta de revocación que dictaminaría si el Presidente Andrés Manuel López Obrador continuará los siguientes tres años restantes de su sexenio.
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