Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección “Quién es quién en las mentiras”, dio a conocer una comparación respecto a los ingresos de ministros, magistrados y jueces en donde se evidencia que ganan hasta 17 veces más que el personal operativo y 37 veces más que un trabajador mexicano promedio afiliado al IMSS.
La responsable de la sección “Quién es quién en las mentiras” señaló que los recursos que son erogados del erario público para los trabajadores de alto nivel en el Poder Judicial, contrastan con los salarios de los trabajadores de base, quienes han sido intimidados y se les infundió miedo a perder su trabajo o las condiciones de este, en caso de que se apruebe la reforma, lo cual es absolutamente falso, aseguró.
Asimismo, expuso que los ministros reciben un sueldo base de más de 54 mil pesos, con aguinaldo de 48 mil 716, más compensaciones garantizadas de 232 mil 153 pesos y una larga lista de prestaciones que incluyen prima vacacional, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, estímulo por antigüedad, viáticos de comida en restaurantes, apoyo para gasolina, apoyo para vehículo blindado, entre otras, que suman un ingreso total mensual de 792 mil 258 pesos.
Cabe señalar que la Constitución mexicana dicta que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, por lo que los ministros de la Corte estarían en el incumplimiento de la Carta Magna que dicen defender.
En este mismo sentido, García Vilchis expuso que los magistrados también reciben altos ingresos, entre salario, prestaciones, bono de riesgo, bono por condiciones de trabajo, seguros personales, fondo de ahorro y seguridad social cobran un total de 4 millones 490 mil 441 pesos brutos al año.
Por su parte, los consejeros de la Judicatura, entre salario, prestaciones, bono de riesgo, bono por condiciones de trabajo, seguros personales, fondo de ahorro y seguridad social, suman un total de 5 millones 529 mil 451 pesos.
Juez favorece a “JaviDu” y a un secuestrador
Ayer, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió a integrantes del Poder Judicial que han favorecido a presuntos criminales. Entre los casos en los que están involucrados, se encuentra el de la entrega de una suspensión provisional en beneficio de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, y un amparo concedido a un presunto secuestrador del grupo “Los Chiquitines”.
En la sección “Cero Impunidad” de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad expuso a los magistrados José Manuel Torres Ángel y Juan Carlos Ramírez Benítez, y la Magistrada Michele Franco González, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Rodríguez Bucio detalló que el pasado 24 de junio, el Tribunal Colegiado, por unanimidad de votos, le concedió a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, una suspensión provisional para que no sea detenido por alguna otra orden de aprehensión en su contra, sin importar el delito del que se trate.
“Esta suspensión provisional le protege también de no ser detenido aun cuando tenga que comparecer ante un Juez de control, y aunque se le imponga, en audiencia, la prisión preventiva justificada u oficiosa”, dijo.
El Subsecretario explicó que el amparo promovido por el exgobernador es contra cualquier orden de aprehensión que pueda ser emitida por cinco juzgados del estado de Veracruz, y ejecutada por diversas autoridades ministeriales, tanto federales como locales, de Veracruz o la Ciudad de México.
Bucio recordó que Duarte de Ochoa fue detenido en 2017 y sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero; y que actualmente se encuentra en un proceso legal por desaparición forzada.
Asimismo, el subsecretario acusó a Sandra Leticia Robledo Magaña, Jueza Primera de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, pues otorgó el pasado 28 de junio un amparo a Edgar Omar “N” para que el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la capital del país deje insubsistente la resolución en donde se declaró la continuidad de la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto desde 2008.
“La Jueza [Sandra Leticia Robledo Magaña] ordenó además la celebración de una audiencia de revisión para que cese de inmediato la prisión preventiva y, previo debate, se imponga otra medida cautelar, con excepción de la prisión preventiva justificada, pero sólo en esa causa penal”, agregó.
El subsecretario sostuvo que de acuerdo con la jueza, al haber transcurrido el plazo de los dos años constitucionales, Edgar Omar “N” ya no puede permanecer más tiempo en internamiento.
“Lo anterior, aun cuando la imposición de la prisión preventiva se justifica por peligro de obstaculización de la investigación, riesgo de fuga y riesgo para las víctimas. Edgar Omar ‘N’ continúa en prisión”, precisó.
Rodríguez Bucio mencionó que Edgar Omar “N” fue detenido en 2008, y que se encuentra procesado por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro de cuatro personas.
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