La cita para que Ricardo Anaya Cortés comparezca ante el juez Marco Antonio Fuerte Tapia puede cancelarse por quinta ocasión, debido a que el ex candidato presidencial del PAN cambió de abogado, lo que permite a la defensa solicitar tiempo para conocer el expediente.
El abogado Eduardo Aguilar Sierra, quien acompañó a Anaya desde el inicio del litigio, fue sustituido por Jacinto Herrera Serrallonga, quien tiene la opción de solicitar tiempo para revisar el caso.
La última vez que se había programado esta comparecencia fue el 31 de enero pasado y tuvo que posponerse debido a que el juez Fuerte Tapia reportó que tenía Covid-19.
Según registros migratorios, Anaya Cortés salió del país desde mediados del año pasado a Estados Unidos, donde reside su familia y no hay indicios de que haya regresado.
Su comparecencia en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte está prevista para las 9 de la mañana de este lunes.
Por su parte, el compareciente asegura que los señalamientos de Emilio Lozoya en su contra son “falsos”, “absurdos”, “incongruentes” y “carentes de toda lógica”.
Por lo que Ricardo Anaya pidió a la FGR desistirse de la acusación en su contra por el soborno de 6 millones 800 mil pesos que supuestamente recibió como parte de la trama de corrupción de Odebrecht; lo cual, inmediatamente fue rechazado por la autoridad.
En un escrito dirigido al titular de la Unidad de Investigación encargada de su caso, Kristian Jiménez Hernández, el panista, a través de su abogado Eduardo Aguilar Sierra, sostuvo que no existen pruebas para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la acusación en su contra.
“Vengo a requerirle se desista de la acción penal ejercida en contra de mi representado ante el juez de Control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio Norte dentro de la causa penal 16/2021, así como determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación en la que promuevo, ya que los hechos delictivos por los que se pretende formular imputación y vincular a proceso a mi representado jamás ocurrieron y mi representado no cometió delito alguno.
“Quiero señalar enfáticamente que mi representado no ha cometido delito alguno y que todas y cada una de las imputaciones vertidas por Emilio Lozoya Austin, quien depone en su contra, así como de sus testigos, son absolutamente falsas, incongruentes y carentes de toda lógica (…) La imputación en contra de mi representado es falsa y absurda, pues no existen pruebas para acreditar las circunstancias de tiempo modo y lugar referidas en la acusación. Por el contrario, abundan las pruebas que acreditan la falsedad de la imputación en su contra”, subraya en el documento, al que el diario Milenio tuvo acceso.
Como argumentos, la defensa legal de Anaya Cortés enlistó 12 “puntos a considerar” para desmentir la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho que pesan en contra del ex candidato presidencial.
Algunos de estos puntos fueron desarrollados por el propio panista, al publicarlos en sus cuentas de redes sociales semanalmente.
Se trata de la fecha y el lugar de la supuesta entrega;
El cargo de la persona que supuestamente entregó el dinero en la Cámara de Diputados;
Propósito del soborno en adición al voto en favor de la reforma energética;
El único integrante de la Cámara de Diputados que supuestamente recibió un soborno en un órgano legislativo con 500 integrantes;
El voto a favor de la reforma energética fue acorde con la plataforma electoral registrada por el PAN;
Las declaraciones de los altos directivos de Odebrecht frente a las autoridades de Brasil y de Estados Unidos contradicen por completo la versión de Emilio Lozoya;
Registros bancarios no corresponden con las declaraciones de Lozoya sobre el destino dado a los 6 millones de dólares;
La declaración del supuesto dueño de Zecapan está plagada de inconsistencias.
Improcedente; hay datos de prueba, dice FGR
En respuesta, la FGR enfatizó que era “improcedente” la solicitud del desistimiento de la acción penal y la determinación del no ejercicio de la acción penal en contra de Ricardo Anaya, pues “existen datos de prueba con los que se establece que se han cometido hechos que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado los cometió”.
El agente del Ministerio Público de la Federación subrayó que, “en modo alguno”, se han violado los derechos humanos del panista, al tiempo que sostuvo que su abogado realizó interpretaciones “subjetivas y a priori” de la narrativa del caso.
Por lo que el titular de la Unidad de Investigación encargada del caso Odebrecht de la FGR concluyó que, en la audiencia inicial, agendada a realizarse este lunes por la mañana, un juez será quien resuelva “lo que en estricto Derecho corresponda”.
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