La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, eludió explicar por qué su gobierno violó la Constitución y la Ley Nacional de Seguridad, al permitir que miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) participaran en operativos realizados en su entidad contra bandas criminales.
El jueves, la gobernadora se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y se comprometió a brindar todos los detalles del caso.
Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera desde el martes una explicación del escándalo a las autoridades estatales, Campos Galván expuso este viernes, en conferencia de prensa de cinco minutos y sin aceptar preguntas, que ordenó la creación “inmediata” de una unidad especializada para investigar el operativo realizado entre el 17 y 19 de abril en la comunidad de El Pinal, lugar en el cual murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadunidenses, presuntamente miembros de la CIA.
Campos Galván indicó que la indagatoria será encabezada por la actual fiscal Especializada en Atención a Mujeres, Wendy Chávez Villanueva, quien es subordinada del fiscal estatal César Jáuregui Moreno, señalado como uno de los principales responsables de permitir la presencia de agentes de la CIA en la entidad.
La gobernadora justificó que “mientras tanto y para salvaguardar la integridad de la investigación, mi gobierno no hará ningún pronunciamiento”, y será la fiscal Chávez Villanueva la encargada de “informar a la opinión pública, con oportunidad, de los avances y resultados de las investigaciones”.
Explicó que “esta unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas en torno al operativo del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas, en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos, así como de los hechos en los cuales perdieron la vida cuatro personas (incluidos el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez)”.
La mandataria panista enfatizó que el gobierno estatal combate frontalmente a la delincuencia, “en coordinación con todas las instituciones y con las colaboraciones que resulte necesarias (…) para evitar que las drogas contaminen las calles de nuestras naciones, y asegurar la paz, el estado de derecho y la libertad”.
El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que aceptar que agentes extranjeros participaran en operativos anticrimen, como lo hicieron el gobierno y la fiscalía de Chihuahua, va en contra de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Agentes de la CIA sin acreditación
El Gabinete de Seguridad expresó sus condolencias por el fallecimiento de dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses que perdieron la vida durante un accidente en Chihuahua el pasado 19 de abril e informó que las personas extranjeras no contaban con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional.
A través de un comunicado, las autoridades federales explicaron que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático, por lo que no contaban con las facultades para formar parte de actividades operativas en México.
Además, precisó que el Gobierno federal, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional.
En tanto, ya realiza las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México.
Tras conocer el hallazgo de que el gobierno de Chihuahua y agencias de seguridad estadounidense como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (“DEA”, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”), Aduanas y Protección Fronteriza (“CBP”) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), implementaron acciones en México el Gabinete de Seguridad reiteró que la legislación mexicana es clara en esta materia pues no admite la participación de agentes extranjeros en nuestro territorio.
“La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación”, señala el documento.
Sin embargo, el Gobierno de México reiteró su disposición de mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con el Gobierno de Estados Unidos, en beneficio de la seguridad de ambos países.
Luego de hacerse pública la operación de estos agentes en coordinación con las autoridades chihuahuenses, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se trata de una violación a la soberanía nacional y exigió a la gobernadora María Eugenia Campos Galván una explicación detallada; asimismo, el Senado de la República envío una invitación tanto a la mandataria estatal como al fiscal del estado para exponer los criterios bajo los cuales se autorizaron las acciones.
En tanto, Campos Galván sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien le reiteró los principios constitucionales que prohíben estas acciones.
Sin embargo, tras el encuentro la gobernadora se limitó a compartir que “se reafirmó la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses” y que “seguiremos fortaleciendo la colaboración con el Gobierno Federal, con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad de nuestro país”.
Aunado a ello, se divulgó la información sobre que el Gobierno de Chihuahua pretendía ampliar el marco de colaboración entre sus elementos de seguridad y agencias estadounidenses, esto mediante la “Torre Centinela”.
En ese contexto, la presidenta anunció que su gobierno enviaría una comunicación a todas las entidades federativas para recordar los lineamientos legales que deben observarse en materia de cooperación internacional en seguridad.
Precisó que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, y canalizarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Gabinete Federal de Seguridad, a fin de garantizar seguimiento institucional.
