La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que las medidas arancelarias propuestas por su gobierno no constituyen un acto de coerción ni están dirigidas específicamente contra China, sino que aplicarán de manera general a todos los países con los que México no tiene tratados de libre comercio.
Desde Palacio Nacional, la mandataria respondió al posicionamiento del gobierno chino, que un día antes advirtió que se “opone firmemente a cualquier coerción” tras el anuncio de un posible arancel de 50 por ciento a la importación de automóviles provenientes del gigante asiático.
“Primero, no son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniéndola”, subrayó Sheinbaum. Explicó que se trata de decisiones que buscan fortalecer la producción nacional y que no violan normas internacionales, pues la regla será para todos los países sin acuerdos comerciales con México.
La jefa del Ejecutivo recordó que ya se han sostenido conversaciones previas con autoridades chinas, tanto en visitas oficiales como en encuentros con el embajador recién acreditado en México, y adelantó que la próxima semana habrá nuevas reuniones para dialogar sobre el tema. “La plática con todos está abierta. Entonces no son ni discriminatorias ni de coerción. El objetivo es fortalecer la producción nacional”, recalcó.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que estas medidas afecten el intercambio comercial, Sheinbaum minimizó el riesgo. Señaló que México exporta muy poco a las naciones involucradas y que la mayoría de los flujos son importaciones. Aclaró que los nuevos gravámenes no serán generalizados, sino que se aplicarán a sectores específicos considerados estratégicos.
“Queremos que quede claro al pueblo de China y de todos los países involucrados que no tenemos nada contra ellos. Al contrario, hay respeto y admiración. Pero nuestra visión es fortalecer la economía de México”, concluyó.
BID impulsará el Plan México
Por otra parte, Sheinbaum Pardo informó que se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y con su equipo para hablar sobre cómo impulsar el Plan México, la ambiciosa iniciativa del Gobierno Federal para fortalecer el mercado interno y aumentar las inversiones en empresas mexicanas.
“En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país”, escribió Sheinbaum en X, antes Twitter.
La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora.
Goldfajn, por su parte, señaló que durante su estancia en México tuvo reuniones con líderes del sector privado para hablar sobre cómo, “juntos, podemos impulsar inversión, productividad y empleo de calidad en el marco del Plan México”.
“El Grupo BID está listo para movilizar 25 mil millones de dólares en seis años, de los cuales BID Invest aportará alrededor de siete mil millones, movilizando capital privado que complemente el financiamiento público. Estos recursos fortalecerán a sectores clave como infraestructura, energía, manufactura, Pymes y la economía del cuidado”, anunció.
El banquero aseguró que México es también un ancla estratégica para la integración regional con Centroamérica, pues impulsa la conectividad en infraestructura, puertos y energía.
En agosto, la Presidenta informó que, en el segundo trimestre de 2025, la Inversión Extranjera Directa en el país alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 34 mil millones de dólares. La cifra duplica lo registrado en 2018, al comienzo de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T).
“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, señaló la mandataria federal el pasado 21 de agosto, al presentar la cifra desde Palacio Nacional. Asimismo, afirmó que “el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino que también genera inversión”.
En ese momento, Sheinbaum también se refirió a lo que calificó como “mito del oscurantismo neoliberal”, que sostiene que si se realiza un aumento al salario mínimo de las y los trabajadores, esto significaría menor inversión para el país por parte de empresas extranjeras, pues ya no se tendría “mano de obra barata”.
