María Elena Casanueva, quien trabajó con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre 2009 y 2011 fue recientemente incorporada como secretaria ejecutiva de Administración del Poder Judicial, con aprobación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en febrero de 2023, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que esta contratación puede ser legal pero no es moral.
Cuestionado sobre si tiene alguna investigación, dijo que ella fue ex oficial mayor en la secretaría de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Luis Videgaray entre 2012 y 2016 y 2017 y 2018 respectivamente.
Asimismo, acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, de proteger en su calidad de presidenta de Consejo de la Judicatura (CJF) a una jueza en Aguascalientes que con sus decisiones ha beneficiado a delincuentes.
En la sección Cero Impunidad el subsecretario de seguridad, Luis Rodríguez Bucio, explicó que Piña Hernández junto con la secretaria ejecutiva de disciplina del CJF María Gabriela Rolón, desecharon una queja administrativa contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez señalada de beneficiar a cuatro escoltas del ex gobernador Martín Orozco, acusados de la desaparición forzada de un pepenador identificado como Francisco.
“El 17 de mayo tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada”, explicó.
De acuerdo a las autoridades, las actuaciones de la jueza Álvarez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición de Francisco “N”.
Además, señaló que en este caso hubo otro detenido que se suicidó de manera dudosa en el 2019 en una celda del Cereso de Aguascalientes y continua una persona por detener por estos hechos.
Otro caso que se informó de jueces que protegen a delincuentes fue el de Cecilia Crokman Flores, encargada de despacho del juzgado de primera instancia penal del distrito judicial de Hidalgo con sede en Iguala, Guerrero por decretar la libertad de El Güero Palma.
Y es que el 17 de mayo pasado, Crokman decretó auto de libertad por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de nueve personas ordenando la liberación en un plazo de tres horas.
Y finalmente se exhibió al juez José de Jesús Rodríguez, señalado de liberar a Guadalupe Israel ‘N’ El Choncho y sus cómplices en Guanajuato.
Según el reporte, el 26 de mayo, el juez ordenó la liberación de El Choncho y siete de sus colaboradores a pesar de ser detenidos en flagrancia durante un cateo en posesión de cocaína, mariguana y metanfetaminas, así como armas de fuego de uso exclusivo.
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