Ministros en paro podrían ir a juicio político y destitución

Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz afirmaron que “procede la imposición –mediante juicio político– de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las ministras o ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, como es suspender las actividades del máximo tribunal del país.

El señalamiento lo realizaron las togadas luego de que ayer en sesión privada, ocho ministros votaron por suspender labores de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se sumaron al paro de actividades que realizan jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y proyectistas, así como algunos trabajadores sindicalizados de manera individual.

Esquivel, Batres y Ortiz señalaron también que el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación “es terminante en señalar que incurre en responsabilidad” quien suspenda el desempeño de las funciones o labores que tenga a su cargo, y no está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los ministros.

Las togadas expusieron que “el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga”, y así lo establecen “múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la segunda sala”.

Ese posicionamiento tuvo su origen en el resultado de la sesión privada que sostuvieron ayer los 11 ministros que integran el pleno de Corte, en la que ocho ministros votaron por sumarse al paro que realizan los integrantes del Colegio de Secretarios y Secretarias de la SCJN, y el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la SCJN.

En el texto difundido informaron que durante la sesión privada manifestaron su “oposición a la suspensión de labores”, al considerar que es su “responsabilidad constitucional ejercer el cargo, prestar el servicio público de impartición de justicia”.

Asimismo, refieren que el Código Penal Federal establece como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público correspondiente (artículo 215), o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello (artículo 217 ter), por lo que, en todo caso, quienes votaron por el paro, debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen como ministras o ministros.

“Una vez tomada la decisión de suspender labores, las suscritas propusimos continuar sesionando a distancia, dado que se cuenta con una lista de 28 proyectos distribuidos en este tribunal pleno, y en las salas, contamos con dos listas ya repartidas semanas atrás en ambas salas que suman más de 200 asuntos”, por lo que exigieron a sus pares que no sumaran al paro al máximo tribunal del país, el cual, por lo pronto, durará hasta el próximo lunes.

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, son las tres ministras que decidieron no ir a paro de labores.

Paro divide a togados de la SCJN: 8 votos a 3

A propuesta de Norma Lucía Piña y con el apoyo de siete ministros, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en sesión privada sumarse al paro de los trabajadores en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, que fueron quienes votaron en contra y rechazaron la medida adoptada por Norma Piña, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.

De acuerdo con información de funcionarios del PJF, durante la sesión privada, la ministra Piña Hernández, en su calidad de presidenta, pidió la votación, y una vez con el apoyo mayoritario, rechazó los argumentos de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz, quienes exigían que se siguiera laborando porque la ley no permite que la Corte suspenda actividades, y tampoco validaron sus argumentos de que con esta suspensión prácticamente el Poder Judicial deja de prestar servicios que son importantes para la sociedad.

Tras decretar la suspensión de actividades, la Corte anunció que se atenderán los asuntos que se consideren urgentes y que encontrará “la forma de sesionar en caso de ser necesario” y se concretó a indicar que “existen tratados y convenciones internacionales que otorgan el derecho de manifestarse o a una suspensión, como la que estamos viviendo ahora”.

La sesión del pleno nuevamente se suspendió –por quinta ocasión de agosto a la fecha– y el pleno decidió sumarse al paro de actividades en apoyo a las acciones de los empleados del PJF.

Las ministras Batres, Ortiz y Esquivel consideraron que los ministros que aprobaron el paro pueden ser destituidos a través de un juicio político y enfrentarían sanciones administrativas por sus acciones.

Horas más tarde, para justificar su actuación, los ministros que votaron a favor del paro emitieron un documento en el que subrayan que actuaron “de conformidad con la Constitución”, sus convicciones y “ante la situación atípica y extraordinaria que atraviesa el Poder Judicial de la Federación (PJF)”.

Lamentaron “profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contenidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría, dirigidas en contra de las y los ministros que integramos esta mayoría, pero sobre todo, contra las y los trabajadores de este Poder del Estado mexicano, incluyendo a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales de nuestro país que, como cualquier persona, cuentan con las libertades de expresión, asociación y reunión, reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos y nuestro derecho constitucional”.

A través de su declaración el grupo mayoritario señaló que “la impartición de justicia continúa con el trámite y el estudio de los asuntos, así como la atención de casos urgentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, baluarte y última línea de defensa de los derechos fundamentales de todas las personas es, y debe seguir siendo, un ejemplo en el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, sin que esto implique el menoscabo de las garantías de las personas que laboramos en esta Institución”.