La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, se encuentra en contacto con la familia de una menor de 14 años acusada de aborto y a quien la Fiscalía de Querétaro busca darle una pena de tres años de prisión.
“No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para poder apoyar, tanto legalmente como en lo que se requiera. No se debe criminalizar”, señaló la mandataria durante la Mañanera del Pueblo.
Esto, luego de que se diera a conocer el caso de la menor de edad a quien la Fiscalía de Querétaro acusó de homicidio calificado tras sufrir un aborto involuntario y que había resultado embarazada tras una violación presuntamente cometida por uno de sus familiares.
De acuerdo con Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, la menor tenía menos de cuatro meses de gestación sin saberlo, y tras ver la sangre que se produjo con el aborto, pidió apoyo a servicios de emergencia, quienes la acusan de cometer un delito de homicidio doloso.
“Se está solicitando que la pena sea su ingreso en el internamiento del Centro de Reinserción Social para Adolescentes. Como está en el segundo grupo etario de acuerdo con la ley aplicable, alcanzaría una condena de dos o tres años de prisión aproximadamente”, afirmó.
Además, informó que la Fiscalía pidió a la menor 518 mil pesos como reparación del daño en favor del padre, ya que fue acreditada su paternidad, mientras la menor cumple una medida cautelar de arraigo domiciliario.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Mujeres calificó de inaudito e ilegal dicho procedimiento contra la menor y afirmó que solicitará una mesa de trabajo con el gobernador del estado Mauricio Kuri, la Fiscalía, la titular del Instituto de las Mujeres del estado y la representación legal de la menor.
Mediante su cuenta de “X”, informó que la tarde de este 28 de octubre tendrá diversas reuniones relacionadas al caso.
“Nunca más un México donde se criminalice a ninguna mujer, mucho menos a una niña que sufre agresión sexual”, escribió.
La Fiscalía de Querétaro está exigiendo tres años de cárcel para una niña de 14 años, la menor de edad está siendo acusada por un aborto espontáneo, la adolescente no tenía idea de que estaba embarazada, pero se sabe que fue víctima de violación.
Además del posible encarcelamiento, la Fiscalía de Querétaro está buscando que la menor le pague 500 mil pesos de indemnización al hombre que la violó, por el momento se desconoce quién es el sujeto que estaría detrás de esta agresión sexual.
El fiscal que pide cárcel para una menor de 14 años por un aborto espontáneo es un notario elegido con 22 votos de la Legislatura local, su periodo frente a la Fiscalía de Querétaro será de nueve años.
Víctor Antonio de Jesús Hernández estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), también tiene estudios de posgrado y cuenta con una especialización en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
De 2016 a 2021, fue subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y también es notario titular de la Notaría Pública 14 de San Juan del Río.
A través de redes sociales, muchas personas están pidiendo la destitución del fiscal de Querétaro, pues la persecución de un supuesto delito contra una menor de edad que fue víctima de violación fue calificada como inhumana y que atenta contra el desarrollo de la niña.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro ha solicitado una pena de tres años de prisión para una menor de 14 años que sufrió un aborto espontáneo, además de exigir una compensación económica de 518 mil pesos al padre del bebé, quien es señalado como su violador. Este caso ha generado controversia, ya que la menor quedó embarazada tras ser víctima de violación, según informó Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, que brinda apoyo y asesoría a la joven.
Durante la audiencia intermedia, la Fiscalía presentó su solicitud de encarcelamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes de Querétaro, argumentando que el caso se trata de un homicidio debido a la muerte de un feto de 36 semanas de gestación. Sin embargo, Dávila ha señalado que la menor no estaba al tanto de su embarazo hasta que ocurrió el aborto, el cual fue atendido por servicios de emergencia debido a una fuerte hemorragia.
La medida cautelar de arraigo domiciliario sigue vigente para la menor, y se espera que en los próximos días se anuncie la fecha del juicio. La asociación Adax Digitales ha criticado la falta de exclusión de pruebas que consideran revictimizantes y no relacionadas con el hecho investigado.
El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que se inició una investigación por homicidio, aunque aclaró que no se ha judicializado ninguna carpeta por el delito de aborto. No obstante, Adax Digitales sostiene que se han abierto siete investigaciones por aborto en el estado, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que estos casos no deben ser judicializados.
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Esta entrada fue modificada por última vez en lunes, 28 de octubre, 2024
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