“No habrá impunidad en el caso de Rosi Orozco, revisan responsabilidad”

La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que continúan las investigaciones en los casos de violaciones en los refugios de “Rosi Orozco”, “no habrá impunidad, hay revisión de responsabilidades precisas”.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rodríguez Velázquez, indicó que siguen abiertas carpetas de investigación y se revisa la actuación de servidores públicos en los casos de violación de menores, en los refugios de la organización Comisión Unidos contra la Trata.

En la conferencia de prensa matutina, refirió que aún faltan varios pasos en el proceso de judicialización y que los jueces tienen causas abiertas al respecto, además de que hay un grupo de trabajo que atiende la problemática sobre algunos albergues particulares de trata de niños y mujeres.

Cabe mencionar que en febrero de 2021 tres menores fueron víctimas de abuso sexual, cometida por otros dos menores, en un refugio de la Comisión Unidos contra la Trata, la cual es propiedad de la panista Rosa María de la Garza Ramírez, también conocida como “Rosi Orozco”.

De acuerdo con la revista Contralínea, tanto miembros de la organización como servidores públicos habrían ocultado los casos y serían responsables por omisión de los delitos.

Rodríguez Velázquez aseguró que no habrá impunidad en el caso, pues existe una revisión de responsabilidades precisas no sólo de lo relacionado con la organización Comisión Unidos contra la Trata, sino también de los servidores públicos.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los dos menores que cometieron los abusos ya cuentan con sentencia condenatoria en uno de los casos, por el delito de violación equiparada, mientras que en otro tienen auto de vinculación.

La funcionaria expuso los avances de la investigación de 3 casos de violaciones de niños de 7, 9 y 11 años de edad, que fueron agredidos por sus propios compañeros de 15 y 16 años; dijo que se investigan responsabilidades de integrantes de la Comisión y de servidores públicos.

“Hay una revisión de las responsabilidades precisas no solamente de los relacionados con la propia Comisión de Trata, sino también con los servidores públicos y no hay impunidad en este caso. De cualquier forma, de cada una de las decisiones hay documentos en donde se está revisando cuál fue la actuación de cada servidor público”, contestó Rosa Icela.

Explicó que hay 5 carpetas abiertas, con recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre las que se investigan posibles encubrimientos por parte de autoridades federales y estatales del Estado de México y de Coahuila sobre irregularidades señaladas en los refugios.

– ¿Qué va a pasar con los refugios de Rosi Orozco porque siguen recibiendo niños, les siguen mandando los DIF estatales niños con estas condiciones? -se le preguntó-

“Es la comisión encargada del tema de trata y el DIF quienes tienen que tomar la decisión para saber qué va a pasar, si hay una problemática en otros refugios”, contestó la funcionaria.

– Es sistemática, lo dice la CNDH, dice que ninguno de los refugios tiene las condiciones necesarias ni el personal ni siquiera estaba capacitado -se insistió-

“Por eso. Está en una revisión, exactamente, para saber la actuación también y los permisos correspondientes, y a donde se trasladarían si es el caso de algunos de estos refugios”, respondió.

Avance en la investigación

De acuerdo con información presentada, en febrero de 2021 se dio a conocer que 2 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en un refugio de la AC Comisión Unidos contra la Trata (posteriormente las dos víctimas aclararon que fueron tres los violados). Los agresores también se trataban de menores de 15 y 16 años de edad durante.

Durante las primeras investigaciones, uno de los menores informó que su hermano también había víctima de violación. La CNDH abrió tres carpetas de investigación.

“Por la conducta del policía en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Las dos, es por omisiones que pudo haber incurrido el personal de la Comisión Unidos contra la Trata y está radicado en la Fiscalía Central de Género. También hay una iniciada de oficio, otra investigación en virtud de que una de las víctimas manifestó el delito también y que estaba el anterior en etapa de juicio”, explicó Rosa Icela.

A las carpetas de la CNDH se suman dos más que se habían iniciado cuando se denunciaron los hechos.

También se documenta que una de las víctimas fue puesta a disposición de la Procuraduría para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y otras dos fueron ubicadas en un albergue de la Fiscalía en Toluca.

Además, dijo, derivado de esta queja de la Comisión, que motivaron estas recomendaciones, emitió 28 recomendaciones el pasado 21 de marzo.

“En qué va, en 8 recomendaciones que corresponden a la Procuraduría Federal para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes que actualmente están actuando una por una; también hay una recomendación al estado de Coahuila de Zaragoza; al gobierno del Estado de México; a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, señaló.

Según señala el rotativo nacional, en relación con los avances de la recomendación de la queja ante la CNDH, las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección, el gobierno del Estado de México y la Fiscalía del Estado de México se encuentran, dijo, en vías de cumplimiento de pruebas.

“Tenemos que ser muy cuidadosos de la victimización de los niños que están relacionados en este caso”, señaló.

En el caso 1, ya en los avances judiciales, el 26 de abril del 2021 el Tribunal del Enjuiciamiento Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó sentencia condenatoria a los adolescentes Miguel Adrián “N” y Enrique Javier “N” por el delito de violación equiparada cometida en agravio de otro menor, G.A.E., en el que se contempló el pago de reparación de daño, también.

En el caso 2. El 18 de septiembre de 2020 se logró obtener orden de aprehensión en contra del adolescente Enrique Javier “N” por el delito de violación en agravio de H.I.G.N. la cual se cumplimentó, pero el 24 de septiembre de 2020 se dictó auto de no vinculación a proceso, por lo que en octubre de ese mismo año se interpuso recursos de apelación. Actualmente se está en etapa de investigación inicial.

El 10 de julio de 2021 se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los adolescentes Miguel Adrián “N” y Enrique Javier “N”, por el agravio cometido a R.A.E., imponiéndoles como medida cautelar el resguardo domiciliario, a cargo del DIF Estatal en Villa Juvenil. Actualmente continúa el juicio en etapa de desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía, detalló Rodríguez Velázquez.