El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su informe trimestral de gobierno, emitido en marzo pasado, haya incurrido en propaganda electoral.
Aseveró que tiene derecho a informar y no ha promovido a un partido o a un candidato y mucho menos ha usado recursos públicos para ese fin.
—¿Acatará las resoluciones del Tribunal Electoral?, se le preguntó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
—Claro que sí, claro que sí, pero imagínense, si informar es violar la Constitución. Sí, ¿cómo? (que se violó la Constitución). ¿Y mi derecho a la libertad? ¿Qué es lo más importante?, la libertad.
“Yo creo que viola la Constitución el que actúa de manera anti democrática y, como decía un periodista en mi tierra, hasta ahí la dejamos”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en la víspera que la realización del informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó un acto de propaganda que desacató las restricciones constitucionales que rigen en proceso electoral, pues se efectuó el 30 de marzo, cuando ya habían arrancado campañas en seis estados. Ordenó a la Sala Especializada de ese mismo órgano revisar el caso, imponer “las consecuencias jurídicas” y evitar su reiteración.
Al respecto, el mandatario respondió que constantemente está informando.
“Todos los días estoy informando y existe el derecho a la información, el derecho del pueblo, que el pueblo se informe.
“Claro que no (es propaganda), propaganda es (decir) ‘voten por este partido, por este candidato’ o actuar con hipocresía como antes cuando nos robaron la Presidencia y los medios se quedaron callados como momias y ahora gritan como pregoneros”.
El conservadurismo y sus voceros e intelectuales orgánicos son muy dados a olvidar, señaló.
Por eso tenemos que seguir insistiendo que no haya fraude electoral y lo mejor para evitarlo es la participación porque cuando no se va a votar los mapaches electorales tienen más posibilidades de imponerse y comprar votos para “triunfar”, dijo. Pero cuando la gente sale a votar, añadió, “no les alcanza”.
“Tenemos el arma muy poderosa que es la credencial de elector y vale lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, de un obrero que un intelectual famoso al servicio del régimen. El conservadurismo es muy dado a que existan esas diferencias, a que ellos piensen que son más importantes que el resto de la población”.
Enseguida contó una anécdota relacionada con el reparto y uso de becas a estudiantes, “espero que no me vayan a multar (por contarla)”:
“Una familia de clase media, afectada por la crisis, tiene necesidad de sacar a uno de sus hijos de una escuela particular porque ya no le alcanza y lo inscribe en una prepa pública.
Y el muchacho empieza a recibir una beca y le dice a la mamá: ¿qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo? Muy poquito pero es una beca.
La mamá le dice: ahorra lo de tu beca. Y con ello se arregla los dientes. Y la dentista dice: cómo ve a este gobierno, repartiendo dinero, tirando dinero y la mamá le dice: mi hijo viene aquí porque ahorró lo de su beca, por eso le vamos a pagar su servicio.
“No estoy hablando de un potentado, sino de un sector de clase media, muy influenciado con el conservadurismo”, añadió el mandatario.
“Violó veda comicial”: TEPJF
La realización del informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó un acto de propaganda que desacató las restricciones constitucionales que rigen en proceso electoral, pues se efectuó el 30 de marzo, cuando ya habían arrancado campañas en seis estados, determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ordenó a la Sala Especializada de ese mismo órgano revisar el caso, imponer “las consecuencias jurídicas” y evitar su reiteración.
Al revocar la resolución original de la Sala Especializada –que había considerado legal el acto– los magistrados consideraron que el jefe del Ejecutivo violó su deber de imparcialidad y neutralidad porque en ese acto aludió a programas sociales, obra pública y finanzas públicas, que son temas restringidos en tiempos electorales. De forma unánime se determinó que el informe cayó en el supuesto prohibido por el artículo 134 constitucional por tratarse de propaganda personalizada.
El proyecto consideró que más allá de una rendición de cuentas, el objetivo del informe mencionado era persuadir a la sociedad de que el estilo de su gestión gubernamental resultaba loable, en una fecha en que ya había iniciado el proceso electoral en todo el país y se desarrollaban campañas en Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí.
El TEPJF ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, restituir el presupuesto al Tribunal Electoral de la Ciudad de México de 255.6 millones de pesos, anulando el recorte de 7.7 millones de pesos decretado para asignarlo a combatir el Covid-19. El tribunal de la CDMX había solicitado 425 millones de pesos, que no le fueron autorizados.
También confirmó que Morena usó indebidamente la pauta de sus espots en radio y televisión, al difundir indebidamente mensajes relacionados con el cuidado del Covid-19. Originalmente ese partido anunció ceder esos espacios a las campañas gubernamentales pero se transmitieron promocionales del partido guinda con mensajes sanitarios, por lo que ordenó a la Sala Especializada fijar las sanciones.
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