“No negociamos la ley ni cedimos a presiones del PRI y PAN”: Ernestina Godoy

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, rechazó que el no ser ratificada en el cargo sea derrota, debido a que pudo extender su mandato por cuatro años, pero no cedió a liberar a políticos del PAN y PRI vinculados con casos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y explotación sexual, respectivamente.

“No negociamos la ley ni cedimos a presiones de liberar a líderes del PRI y el PAN detenidos por explotación sexual de mujeres y con delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria a cambio de su voto.

“De haber cedido abríamos logrado extender cuatro años más nuestro periodo al frente de la Fiscalía, pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias con ellos que usaron la función pública para actuar contra los ciudadanos”, afirmó.

Durante su último informe de labores, ante la presencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reiteró que “ninguna ratificación vale la pena si ello significa negociar la justicia, una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación”.

Dicha minoría, argumentó, se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos, le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios, es una minoría que defiende corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política.

Señaló que, esencialmente los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política y sabíamos a quienes nos enfrentábamos, por ello era indispensable dar esta batalla porque la procuración de justicia es un asunto de la mayor trascendencia social y la gente debe saber quién está de cada lado.

“Me sometí a un proceso de ratificación con conocimiento de que existía un veto en contra de mi persona, dictado por aquellos que perdieron el privilegio de la protección política para dirigir y, por eso me honra mucho el respaldo de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México, pues el 62 por ciento de sus integrantes se pusieron de lado de la justicia”, manifestó.

Este lunes, legisladores del llamado PRIAN votaron en contra de que Godoy Ramos continuara frente a la Fiscalía de la Ciudad de México, desde la cual han tenido investigaciones clave, como la del Cártel Inmobiliario, en la cual están involucrados connotados políticos del blanquiazul, como su actual aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada.

También en esta gestión se llevó a cabo la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el exlíder del PRI en CdMx, acusado de operar una red de trata de personas desde su posición de poder. De hecho, legisladoras y legisladores de Morena acusaron que el PRI y el PAN intentaban usar como moneda de cambio estos dos casos para dar sus votos en favor de la ratificación de Godoy.

“Esencialmente los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política. Sabíamos a quién nos enfrentábamos, por ello, era indispensable dar esta batalla porque la procuración de justicia es un asunto de la mayor trascendencia social y la gente debe saber quién está de cada lado”, expuso Ernestina Godoy desde el templete en el que estuvo acompañada del Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama; de la Secretaria de Gobernación federal, Luisa María Alcalde; y del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Godoy indicó que se sometió a un proceso de ratificación con conocimiento de que existía un veto en su contra, “dictado por aquellos que perdieron el privilegio de la protección política para delinquir, por eso me honra mucho el respaldo de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México”.

Ernestina Godoy apuntó que en su gestión se investigó y se presentaron acusaciones penales en contra de funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, “quienes establecieron una organización destinada a autorizar obras y edificaciones fuera de la Ley a cambio de cuantiosos recursos económicos o a cambio inmuebles”.

“Desde 2015 operaba esta red de funcionarios corruptos, y ahora hemos logrado sentencias y reparación del daño de personas que ya aceptaron su responsabilidad penal y aportaron elementos para probar acusaciones contra otros funcionarios públicos”, expresó en relación al Cártel Inmobiliario.

Godoy Ramos también recordó que en su tiempo frente la Fiscalía General de Justicia de la capital se descubrió el desvío “de varios miles de millones de pesos del patrimonio de la ciudad por parte de exservidores públicos del más alto nivel de Gobierno de Miguel Ángel Mancera”.

“No se trata de hechos aislados o actos pudiesen realizarse sin el conocimiento y participación de las más altas autoridades de esta administración”, refirió.

La Fiscal ahondó que se formuló la imputación ante un Juez de Control por parte de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en 79 carpetas, de las que derivaron 130 vinculaciones a proceso, 16 prisiones preventivas oficiosas, 16 prisiones preventivas justificadas, nueve suspensiones temporales del cargo, cuatro separaciones del cargo y dos suspensiones de la actividad profesional.

“En ningún estado del país se ha investigado, obtenido, ejecutado órdenes de aprehensión y vinculado a proceso a tantos exservidores públicos que ostentaron cargos como diputados y lo hemos hecho por enriquecimiento ilícito, dirigentes partidistas y lo hemos hecho por explotación sexual de mujeres, secretarios que han desviado recursos, directores generales que hicieron uso indebido de atribuciones y tráfico de influencias”, mencionó.

Esos exfuncionarios a quienes no mencionó por su nombre son el exdiputado panista Christian Von Roehrich, vinculado al Cártel Inmobiliario; el exdirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; así como a funcionarios de la gestión de Miguel Ángel Mancera.