Al pronunciarse porque se continúen las investigaciones en el caso del asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, sostuvo que en un crimen de estado no puede dársele vuelta de hoja en referencia a una reciente resolución de un juez que desestimó la acusación de que hubo un segundo tirador.
De igual forma, en respuesta a la petición del hijo del candidato y alcalde de Monterrey, descartó proceder al indulto de Mario Aburto, único detenido por ese magnicidio, pronunciándose por ampliar la indagatoria.
En su conferencia de prensa reconoció que “él ya no quiere saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, yo no voy a dar carpetazo a un asunto así”. Destacó que de acuerdo a las indagatorias de la Fiscalía General de la República, el otro tirador pertenecía al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional y estaba bajo las órdenes de Genaro García Luna.
“No estoy cerrado (a la petición del hijo de Colosio), no tengo ninguna de utilizar una situación lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero es importante que no haya impunidad, si se trata de un crimen que de acuerdo a la fiscalía tiene una relación con una institución del estado”.
Al ser cuestionado sobre el caso, López Obrador hizo difundir el comunicado de la FGR en el que anuncia que impugnará la decisión del juzgado para que se investigue la hipótesis del segundo tirador porque existen elementos de su vinculación. El mandatario destacó que no es un asunto menor porque en el supuesto de que sólo fuera Aburto el asesino podría tratarse de una decisión personal, pero con un segundo tirador “ya hay una connotación distinta, pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, que va a rescatarlo es nada más que García Luna, que trabajaba en el Cisen. Esto es lo que dice la Fiscalía. No es cualquier cosa”.
En una larga intervención sobre el caso en el que detalló cada uno de los puntos que destaca el comunicado de la FGR dijo que “como se trata de un crimen que dañó mucho al país que no se debe de tolerar, ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad. Si aplica la no repetición esto es gravísimo. No hay que dejarlo pasar, que la gente tenga la información y que la autoridad resuelva, o sea la Fiscalía y el Poder Judicial. Ningún crimen debe quedar impune, mucho menos cuando se trata de un caso en el que estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país Se trata de un dirigente es un candidato a la Presidencia
Casi 30 años después del asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y tras nombrarse a distintos fiscales especiales por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y ahora por la Fiscalía General de la República (FGR), esta dependencia dio a conocer que tiene elementos que apuntan a la teoría de un segundo tirador en los hechos de Lomas Taurinas. El anuncio fue hecho únicamente con un comunicado.
La FGR expuso que cuenta con un gran acervo de pruebas que implican a Jorge Antonio S., al referirse a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
También, vinculó por primera ocasión al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, con el encubrimiento del segundo tirador en el momento en que García Luna era subdirector operativo en el Cisen.
No obstante, lamentó hace veinte días, el juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de las pruebas, al no admitir la petición de aprehensión contra Sánchez Ortega. Adelantó que apelará la decisión.
La fiscalía no amplió la información de esta línea de investigación, distinta a la que mantuvo la PGR, en la que se señala a Mario Aburto como único responsable del asesinato de Colosio el 23 de marzo de 1994.
Explicó que las pruebas demuestran la presencia de Sánchez Ortega, agente del Cisen que fue asignado a cubrir al candidato presidencial, en el lugar del homicidio y en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos.
Además, un buen número de testimoniales ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima. Pero fue liberado en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G. (García Luna), quien era subdirector operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescató en Tijuana.
A la vez, todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma.
En tanto, Jesús González Schmal, abogado de Aburto, reconoció que desconocen si Sánchez Ortega está vivo, ya que la mitad de los testigos que comparecieron han fallecido. La mitad por muerte natural y la segunda por causa desconocida y muy sospechosa.
Asimismo, recalcó que es la primera vez que la FGR vincula a García Luna en el caso y refirió que esta teoría podría ser esperanzadora para conocer la verdad.
Según la FGR, existe un “gran acervo de pruebas” que implican a José Antonio Sánchez Ortega, conocido como Jorge Antonio “S”, un agente del Cisen asignado para cubrir al candidato presidencial.
La FGR expresó su descontento tras la negativa de un juez federal de emitir una orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, anunciando que apelarán esta decisión.
En un comunicado, la FGR acusó al Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, de actuar con parcialidad y de violar los principios de análisis de pruebas. Se señaló que la liberación de Chávez durante los eventos en Lomas Taurinas constituyó un “encubrimiento delictivo”, implicando directamente a Genaro García Luna, entonces Subdirector Operativo en el Cisen.
La FGR sostiene que hay evidencias contundentes de la presencia de José Antonio Sánchez en el lugar y momento del asesinato, con pruebas de rodizonato indicando que disparó un arma y testimonios que lo ubican en la escena del crimen.
“Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma” señaló la Fiscalía en un comunicado.
“Un gran número de testimonios señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima. Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima”, indicó la Fiscalía en el documento.
El caso se complica con la decisión del juez de dar crédito únicamente a un video que muestra el primer disparo, obviando la posible presencia de un segundo tirador en un ángulo no captado por la cámara.
En un giro inesperado, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del difunto candidato presidencial, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador el indulto para Mario Aburto Martínez, condenado por el magnicidio, cuestión ya aclarada por el Presidente en la mañanera de hoy.
Colosio Riojas abogó por el perdón y la reconciliación, sugiriendo que es hora de cerrar este capítulo doloroso y avanzar hacia un futuro de unidad y respeto.
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