Aun cuando el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y otros funcionarios son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en acciones que derivaron en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, causando el homicidio de 40 personas y lesiones a otros 25 migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se continuará esperando para resolver si se le remueve o no del cargo.
En la mañanera de este miércoles, a pregunta sobre la información dada a conocer anoche por la FGR en el sentido que va por Garduño y otros servidores públicos del INM, el mandatario federal acotó que aún no se sabe el alcance de las indagatorias, pues algunos de los imputados pueden ser señalados de omisión y otros por homicidio; aunque subrayó que no habrá impunidad en este caso.
“Lo comentamos (la resolución de la FGR) en el gabinete de seguridad (de esta mañana), en efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de la vida de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión y otros por homicidio”, señaló el jefe del Ejecutivo.
Apuntó que aún falta que la Fiscalía aporte más información sobre estos lamentables hechos y que los jueces sean los encargados de impartir justicia.
“Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes”, subrayó.
— ¿Permanece (Garduño) en el cargo? -se le preguntó.
— Vamos a esperar que es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento -respondió López Obrador.
Anoche, como parte de las indagatorias, la FGR dio a conocer que se procedió penalmente contra el director general del INM; además de Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria de la institución, y el contralmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto en Chihuahua, a quienes considera responsables de ejercicio ilícito del servicio público, por no tomar las medidas mínimas para prevenir el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 25 más resultaron heridas.
La fiscalía señaló que estos funcionarios incurrieron en presuntos ilícitos “al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando las anomalías cometidos en contra de los migrantes, lo cual está tipificado como delito en el artículo 214, fracción sexta, del Código Penal Federal”.
Fuentes judiciales confirmaron los nombres de estos tres funcionarios, pues la FGR sólo los había identificado por sus nombres. También se procedió contra otros tres integrantes del INM de los que no trascendieron sus nombres completos y presuntos involucrados: Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes, afirmó la Fiscalía, se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron los migrantes.
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