La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este viernes nuevamente que la nueva Ley de Telecomunicaciones e Inteligencia represente un mecanismo de espionaje, como han señalado algunos de sus opositores. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que la legislación mantiene las garantías constitucionales y que cualquier localización de personas solo podrá realizarse con orden de un juez.
“No hay espionaje, no hay geolocalización de las personas a menos que un juez lo determine. Es muy importante aclararlo”, afirmó Sheinbaum, quien incluso leyó fragmentos del marco legal vigente para respaldar su posición y desmentir las críticas.
La Presidenta citó el artículo 183 de la nueva ley, que establece que los operadores de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes aplicables, es decir, con base en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sheinbaum detalló que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido modificado, exige que cualquier solicitud de localización geográfica o entrega de datos conservados debe contar con autorización judicial. “La petición deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público”, explicó.
Además, enfatizó que los datos que se obtengan y no sean considerados medios de prueba idóneos deberán ser destruidos, lo cual —según dijo— impide abusos o vigilancia indiscriminada.
“Es falso que la Ley de Telecomunicaciones sea una ley de espionaje”, reiteró. “Eso ya estaba antes y sigue exactamente igual”.
La tendencia #LeyEspía, inflada con bots y trolls
Un estudio realizado por el especialista en neointeracción social Carlos Augusto Jiménez reveló que una ofensiva digital impulsada por la oposición política ha intentado posicionar la narrativa de una supuesta “Ley Espía” para desacreditar la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión promovida por el gobierno federal. Sin embargo, el análisis de tráfico y comportamiento en redes sociales reveló que se trata de una campaña inflada con bots, trolls y estrategias de manipulación masiva.
De acuerdo con la investigación, entre el 29 de junio y el 1 de julio, la etiqueta #LeyEspía acumuló más de 22 mil interacciones, con un sentimiento promedio de –3.8, caracterizado por un fuerte tono negativo. No obstante, estos números no reflejan una movilización ciudadana genuina: se trata de una operación coordinada, con enjambres digitales en los que hasta el 65% de las cuentas son automatizadas o falsas.
La evidencia es clara: gráficas de actividad en redes muestran decenas de miles de publicaciones coordinadas, republicadas en masa por perfiles que operan bajo esquemas no orgánicos. Además de los bots, participan usuarios reales y trolls organizados, cuya misión es aparentar un rechazo social extendido a la legislación.
Otro dato revelador: casi el 50% de los usuarios que impulsan la etiqueta están fuera de México, mientras que dentro del país la mayor concentración de actividad proviene de CDMX, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Este patrón refuerza la sospecha de una tendencia manufacturada.
La narrativa que acusa a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de censura o vigilancia ciudadana carece de sustento técnico o legal. En cambio, analistas ven en esta campaña un intento más de repetir —ahora con bots y desinformación— el discurso de “dictadura” que ya se usaba contra el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por último, Carlos Augusto Jiménez publicó, como parte de su análisis, una lista de las cuentas que promovieron esta falsa narrativa, entre las que se encuentra la de la senadora Lilly Tellez, el periodista Luis Cárdenas, el medio “Derecha Diario” y el youtuber Chumel Torres, personajes que han sido promotores en otras ocasiones de campañas de desinformación.
Especialistas en comunicación digital alertan sobre el uso cada vez más sofisticado de herramientas de manipulación para polarizar a la sociedad, erosionar la confianza institucional y desvirtuar los debates legislativos con base en narrativas fabricadas.
