En el Poder Judicial terminó la era de la corrupción, el privilegio y el nepotismo, y los nuevos ministros, jueces y magistrados “tienen que demostrar” que hay un cambio de fondo, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Es Estado de Derecho, no es hacer justicia a partir de un criterio personal, sino con base en las leyes, como decía (Benito) Juárez. Yo pienso que para México es muy bueno lo que ocurre”, agregó en su conferencia de prensa.
Afirmó que es muy profunda la reforma al Poder Judicial. “Terminó una era y empieza otra”, indicó a un día de que el Tribunal Electoral avaló prácticamente la elección electoral, a pesar de que “unos” de sus miembros intentaban echarla para abajo.
Eso tiene que ver con la democracia, subrayó. “La nueva Corte, los nuevos jueces, los nuevos magistrados se deben al pueblo, porque el pueblo los eligió y ahora tienen que demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial y yo creo que así va a ser”.
La mandataria recordó que la reforma constitucional contempla que los ministros que formaron parte de la era pasada “se pueden ir con sus haberes de retiro establecidos. A partir del 1 de septiembre entran nuevos salarios, nuevas disposiciones, a qué tiene derecho un ministro o ministra y ya su pensión normal”.
Defiende la SCJN a la derecha en Yucatán
En su última sesión del pleno, bajo el liderazgo de Norma Piña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedente la acción de inconstitucionalidad que promovieron el Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Reforma Judicial de Yucatán, la cual amplía el período de algunos magistrados ligados al exgobernador panista Mauricio Vila.
Con el voto de la mayoría de los ministros, este martes 19 de agosto, la SCJN rechazó el proyecto de la Ministra Loretta Ortiz, en el cual se proponía la anulación de los artículos transitorios 7 y 8 del decreto 55/2025 de la Reforma Judicial de Yucatán, debido a que estos contemplan la extensión de mandatos de seis magistrados hasta por 10 años, algunos hasta 2036 y otros hasta 2042, lo que el proyecto consideró injustificado.
En marzo pasado, el Congreso de Yucatán aprobó su Reforma Judicial en la que se establece un artículo transitorio que permite la permanencia de seis magistrados que fueron designados durante el Gobierno de Mauricio Vila, del 2018 al 2024.
Existe el peligro de que la nueva SCJN que entrará en funciones en septiembre pueda formular una jurisprudencia distinta a la liberal y republicana.
Gracias a una negociación en el Congreso local, entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), seis de 12 magistrados que fueron elegidos durante el sexenio de Vila, de un total de 15 que conforman el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, podrán permanecer en sus respectivos cargos. En tanto los otros nueve magistrados serán sustituidos en dos etapas y mediante el voto directo. La primera etapa inicia el próximo 1 de septiembre y la segunda será en 2026.
Ante esta situación, el Ejecutivo federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron dos acciones de inconstitucionalidad para impugnar dicho decreto, debido a que éste en sus artículos transitorios establece periodos extraordinarios para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que significa que la duración de sus cargos se prolongará de manera excepcional.
Lo anterior significa que quienes fueron electos en 2025 o serán electos en 2026 concluirán su periodo en 2033 y 2036, respectivamente, mientras que quienes sean elegidos en 2027, dejarán sus cargos hasta 2036 y 2042, lo que la Ministra Lenia Batres recordó es “desproporcionado e inconstitucional”, ya que estos periodos van de los 11 a los 15 años, un incongruencia a lo establecido en la Constitución federal, en la que éstos plazos van de los cinco a los ocho años.
Los magistrados que están siendo señalados de beneficiarse de la reforma judicial estatal son: la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, María Carolina Canto Valdez y los presidentes de las salas colegiadas: Mario Castro Alcocer, Patricia Gamboa Wong, Lizette Mimenza Herrera, Alberto Salum Ventre y Mauricio Tappan Silveira, quienes también han sido ligados al exgobernador panista Mauricio Vila.
Fue el 9 de junio, cuando se admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y su acumulada, en la que se solicitó la invalidez de las normas promovidas por el Ejecutivo federal y por la CNDH, de las que se detalló que la “acción de inconstitucionalidad 44/2025”, fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras que la “acción de inconstitucionalidad 45/2025”, fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal.
En esta acción de inconstitucionalidad se solicitaba anular los transitorios en los que se señala que “por única ocasión, el periodo de la Magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos en el año 2025 o, en el año 2026 concluirá en el año 2033 para dos de ellos, y en el año 2036 para las tres restantes. Si fueran electas en el año 2027, por única ocasión durarán en el cargo hasta 2036 para dos de ellas y 2042 para tres de ellas”.
La justificación que brindan los transitorios de la Reforma Judicial estatal para extender los cargos de seis magistrados es el de “garantizar que la ciudadanía cuenta con servidores públicos idóneos, y en aras de la inamovilidad de las y los magistrados que cuenten con presidencia dentro del Poder Judicial Estatal, de las actuales quince magistraturas, las Magistraturas Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Octava, y Decimosegunda, quienes a la fecha de este decreto ejercen la Presidencia de las Salas y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, serán prorrogadas únicamente respecto a sus cargas como magistrados o magistradas hasta la siguiente elección estatal en 2036”.
Al debatir el proyecto de Ortiz, el Ministro Jorge Mario Pardo justificó que fueron estas las que proporcionaron certeza el la elección judicial a candidatos y votantes. Por su parte, en su intervención, el Ministro Javier Laynez argumentó que la acción es de materia constitucional y no electoral, con lo que coincidió con la determinación que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El próximo 31 de agosto, los ministros que aún integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejarán su cargo, y un días después, el 1 de septiembre, los ministros elegidos por voto popular durante las elecciones del pasado 1 de junio, iniciarán funciones y con ello también una nueva etapa en el máximo Tribunal de México.
