El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el seguimiento al ejercicio de la acción penal en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente de investigación del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado por presuntamente haber sido el segundo tirador en el caso Colosio.
De acuerdo con el informe de la FGR, el 30 de octubre de 2023 se solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Armando Sánchez Ortega, por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en calidad de coautor material de ser el segundo tirador, “con base en 132 pruebas recabadas de las cuales 50 de ellas son absolutamente contundentes para tener por demostrada su probable responsabilidad”, de acuerdo con el documento que expuso el presidente López Obrador en la conferencia matutina del 17 de julio de 2024.
Estas pruebas fueron remitidas por la Fiscalía al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Posteriormente, el 31 de octubre de 2023, este Juzgado no aceptó su competencia.
El 23 de noviembre de 2023 se solicitó nuevamente una orden de aprehensión contra Sánchez Ortega al mismo Juzgado y de nuevo rechazó la orden de aprehensión. Esto se repitió el 4 de enero de 2024, cuando nuevamente se ejerció acción penal ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, y un día después, el 5 de enero de 2024, negó nuevamente la orden de aprehensión.
Días más tarde, el 8 de enero de 2024, se interpuso recurso de apelación contra de la resolución emitida, donde se negó la orden de aprehensión solicitada. “El 15 de julio de 2024, se revisó la lista de asuntos a sesionar a cargo del Magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, pero no se encuentra contemplado para la sesión del 18 de julio de 2024”.
Jorge Antonio Sánchez Ortega, acusado de ser el segundo tirador contra el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio y rescatado por Genaro García Luna.
López Obrador reprochó de nueva cuenta las acciones de jueces y magistrados en torno a temas de justicia relevantes en el país.
La Fiscalía General de la República (FGR) retomó hace unos meses la hipótesis del segundo tirador en el crimen contra el ex candidato del PRI a la Presidencial de la República suscitado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.
“En el caso del asesinato del candidato Colosio, ¿se acuerdan que hablamos de cómo un juez niega la orden de aprehensión? Pues ya tengo el informe de la Fiscalía (General de la República) en donde se está esperando una resolución. Se presentó un recurso de queja y el juez no quiere resolverlo”, señaló el mandatario en su conferencia en Palacio Nacional.
Leyó parte del informe que él envió el fiscal general, Alejandro Gertz en el que se señala que desde el 30 de octubre del año pasado se solicitó la orden de aprehensión en contra del inculpado.
Bala recuperada en la escena del crimen, vista durante una entrevista de la Fiscalía Especial del caso Colosio, en entrevista con ‘La Jornada’, el 28 de agosto de 1997.
El reporte advierte que pese a las insistencias de la Fiscalía, el juez quinto de distrito de procesos penales federales del estado de México no aceptó la competencia, declinándolo al juzgado primero de distrito; y posteriormente éste lo regresó al primero.
Por lo que el jefe del Ejecutivo enfatizó que “han estado ahí, peloteando” el caso para poder emitir la orden de aprehensión en contra del ex agente del Cisen, quien de acuerdo a información de las autoridades ministeriales tras el asesinato de Colosio, fue rescatado por Genaro García Luna, quien entonces era parte de esa corporación de espionaje y en el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en secretario de Seguridad Pública.
De acuerdo con el documento de la FGR, los jueces no han tomado en consideración las pruebas presentadas por el Ministerio Público y prolongaron por varios meses la decisión de emitir la orden de aprehensión; hasta que en enero de este año el juzgado quinto de distrito —al primero en el que se solicitó el arresto— negó la orden de aprehensión.
Ante ello, el 8 de enero se interpuso un recurso de apelación en un tribunal colegiado ante la falta de acción del juzgador, el cual lleva varios meses sin ser debatido en sesión.
El 15 de junio de este año, según el informe de la Fiscalía, se solicitó audiencia con la magistrada del tribunal colegiado de apelación, quien comentó que el tiempo para resolver el recurso planteado sería el promedio de cuatro meses.
Así, el pasado 15 de julio la FGR volvió a revisar —como lo hace cada lunes desde que en enero presentó la apelación— la lista de asuntos a sesionar en el primer tribunal colegiado de apelación, “pero no se encuentra contemplado para la sesión del 18 de julio”.
En el documento enviado al presidente, el fiscal Gertz explicó que si el tribunal colegiado confirma la negativa de la orden de aprehensión, “no procedería ningún recurso, en virtud que ni el código procesal ni la ley de amparo lo prevén”.
En caso de que así sea, detalló que la FGR tendría que volver a ejercer acción penal reforzando los elementos de prueba”.
Sin embargo, el nuevo proceso correspondería al mismo juez que ya negó la orden de aprehensión, lo que para el fiscal general representaría un nuevo obstáculo porque “el titular de ese juzgado ya se encuentra predispuesto en su criterio, por lo que se procurará invocar alguna causa de impedimento para que sea otro juzgado el que atienda”.
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