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Ocultaron autoridades violaciones a menores en “refugios” de Rosi Orozco

Encubrieron autoridades violaciones a menores en “refugios” de Rosi Orozco
Encubrieron autoridades violaciones a menores en “refugios” de Rosi Orozco

Autoridades federales y estatales encubrieron irregularidades en los refugios de la organización Comisión Unidos vs Trata, propiedad de la panista Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco, revela la Recomendación 72/2022, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esplendido reportaje de la reportera Nancy Flores para la revista Contralínea, en la que detalla las negligencias de los servidores públicos encargados de investigar las violaciones sexuales que sufrieron tres menores de edad –de 6, 9 y 11 años de edad, respectivamente– en esos albergues han permitido que tres integrantes de esa asociación civil –de los que no se dan nombres, pero se les denomina probables responsables– sigan impunes.

Entre la retahíla de anomalías atribuidas a los servidores públicos –y que han derivado en violaciones a los derechos humanos de cinco menores de edad–, la Comisión documenta que hubo falsedad de declaraciones en uno de los juicios respecto de las agresiones sexuales; también, que un funcionario federal determinó que los infantes permanecieran en los refugios de Orozco, a pesar del riesgo que corrían al convivir con sus agresores.

En la Recomendación 72/2022 se da cuenta de 16 funcionarios de los gobiernos federal, del Estado de México y de Coahuila que faltaron a sus obligaciones de verificar la idoneidad de las estancias y personal asignado al cuidado de infantes y adolescentes víctimas de trata en su modalidad de explotación sexual. También, que incurrieron en graves omisiones al investigar las probables responsabilidades de la exlegisladora Rosi Orozco y de sus subordinados en los delitos, por la inadecuada atención que se le brindó a las víctimas en sus refugios, al dejarlos abandonados (sin supervisión profesional) por horas o días, lo que propició las violaciones sexuales reiteradas.

Estas negligencias también derivaron en ocultamiento de los ilícitos y en violaciones a derechos humanos de cinco víctimas menores de edad, que previamente a los hechos habían sufrido violencia sexual, por lo cual fueron separados de sus familias y entregados a los albergues de Rosi Orozco para que supuestamente los cuidara.

Los 16 funcionarios han sido clave en este caso para dejar impunes a los integrantes de Unidos vs Trata y han revictimizado a los tres niños violados sexualmente en los albergues de la organización, pero también a los dos adolescentes a quienes se les responsabilizó de las agresiones sexuales y que también se consideran víctimas en la Recomendación.

Los 16 servidores públicos negligentes están adscritos a áreas prioritarias en el cuidado de menores de edad o en la procuración de justicia, y en algunos casos se les podrían fincar responsabilidades de carácter penal por sus fallas, se desprende del exhaustivo análisis de la CNDH.

De éstos, dos están adscritos a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; cinco, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; cinco son agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; uno, policía de investigación de esa misma institución; dos, a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género; y el último, de la Procuraduría de Niñas, Niños y la Familia de Coahuila.

 

Los agentes de la impunidad

De acuerdo con la Recomendación 72/2022 –y tal como lo documentó Contralínea https://bit.ly/3ydxMto – tres menores de edad fueron violados sexualmente de manera reiterada en albergues de la organización Unidos vs Trata. Uno de ellos está diagnosticado con discapacidad intelectual, lo que lo hacía doblemente vulnerable a las agresiones.

Por estos hechos, se abrieron cinco carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Este semanario documentó que los delitos –aunque ocurrieron en sedes de la Ciudad de México– fueron denunciados ante dicha Fiscalía, porque ahí Rosi Orozco tiene influencia política en esa entidad federativa.

Coincidentemente, 13 funcionarios del Estado de México incurrieron en diversas negligencias documentadas en la Recomendación, mismas que han permitido que los tres presuntos responsables vinculados a Unidos vs Trata permanezcan impunes hasta la fecha.

Con información de https://contralinea.com.mx/interno/semana/cndh-revela-que-16-funcionarios-encubrieron-violacion-de-3-menores-en-refugios-de-rosi-orozco/

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