El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, propuso dos casas como reparación del daño por el caso Odebrecht, en aras de poder acogerse a un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR) que extinguiría la acción penal en su contra por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Durante la audiencia de este miércoles, en la que el juez José Artemio Zúñiga decretó la prisión preventiva contra el exfuncionario, la defensa encabezada por el abogado Miguel Ontiveros entregó dos copias de las escrituras de las casas a los representantes de la parte acusadora, conformada por la Fiscalía, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF).
El representante del Ministerio Público Federal aseguró que el daño producido por la conducta de Lozoya es de 7 millones de dólares, a lo que la defensa argumentó que los inmuebles propuestos, sujetos a la realización de los avalúos correspondientes, son de alto valor e incluso superan este monto.
Además, señaló que se ha buscado contactar al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para poder avanzar en la reparación. Incluso mostró correos electrónicos para avalar su dicho.
Sin embargo, el representante de la petrolera mexicana aseguró que el daño causado por el exdirectivo es “irreparable” y argumentó que desde que fue extraditado desde España, a finales de junio de 2020, no ha demostrado su intención de reparar el daño causado al Estado. Acusó que, por el contrario, las prórrogas solicitadas por la defensa para la presentación de pruebas solo buscan retrasar el procedimiento.
Tanto la FGR como la UIF respaldaron el razonamiento de Pemex, en la audiencia que duró más de cinco horas.
Más tarde, la defensa de Lozoya informó en un comunicado que propuso un acuerdo de reparación del daño a Pemex para poder continuar con el criterio de oportunidad solicitado, y que contempla una colaboración “sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y a la Presidencia de la República”.
Al finalizar la audiencia del miércoles, en la que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva al exfuncionario federal, su abogado, Miguel Ontiveros, declaró que la propuesta ya fue realizada en presencia de los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR).
A su salida del Reclusorio Norte, Ontiveros expresó que todos los involucrados se reunirían en los próximos días “si así lo consideran pertinente, para que se proceda el criterio de oportunidad en sus términos”.
“Esta defensa manifiesta que el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin mantiene firme su colaboración con la Fiscalía General de la República”, dice un comunicado publicado por sus abogados al finalizar la audiencia.
El juez de control del Reclusorio Norte, José Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, al determinar que cuenta con recursos suficientes para darse a la fuga.
Una vez terminada la audiencia, el exfuncionario federal fue detenido por agentes de la Guardia Nacional, para ser internado inmediatamente en el centro penitenciario.
Lozoya fue vinculado a proceso a finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro Nitrogenados. La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht.
También se le acusa de recibir 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
El caso de Odebrecht tiene que ver con la relación entre Lozoya y Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora. Esto llevó al pago de varios millones de dólares a empresas vinculadas con el ex funcionario, supuestamente para apoyar la campaña del PRI en las elecciones de 2012, en las que fue electo presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, parte de este dinero fue destinado en agosto de 2013, a la compra de un inmueble en el estado de Guerrero, por un valor de 1 millón 900 mil dólares. En esta operación está involucrada la esposa de Lozoya, Marielle Helen Eckers, según señala la documentación de la solicitud de extradición a España.
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