“Oposición presiona para llevar a ministros a juicio político”

Tras el avance en la aprobación de la supremacía constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la oposición que se calme porque “nos están provocando”, quieren que lleve a juicio político a ministros. Ellos eso es lo que quieren, y no lo vamos a hacer por más que estén violando la Constitución.

Pidió a los ministros recordar sus clases y los llamó a revisar que la misma Corte reconoce en “muchos documentos”, conforme al artículo 133 constitucional, que la Carta Magna es la ley suprema.

Además, recordó que en 2013, el PRIAN incorporó a la Ley de Amparo el artículo 61, numeral uno, que ahora forma parte de la Carta Magna, donde se establece que el amparo no procede contra reformas constitucionales. Ocho ministros, subrayó, “no pueden estar por encima del pueblo, eso lo dice el 39 constitucional”.

“No se está violando, es republicano lo que estamos haciendo. Está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de derecho”, destacó en la mañanera del pueblo.

La presidenta señaló que los ministros quieren que los lleve a juicio político, porque “están tomando una posición política no jurídica en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de intereses y de sus propios intereses”.

En medio de los ataques que recibe por el avance de la Supremacía Constitucional -que se espera hoy sea aprobada por los congresos locales requeridos, para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación-, exhibió en la mañanera del pueblo que la propia Corte “dice en un montón de documentos”, como también la Facultad de Derecho, que la Carta Magna es la ley máxima.

Señaló que esa información la obtuvo tras ponerse ayer a googlear sobre lo que significa supremacía constitucional. “Parece que es una ofensa, pero cuál novedad hay en eso si es la ley máxima”.

Subrayó que la oposición ha estado planteando lo de la supremacía como si fuera algo novedoso o algo malo. Todos los que estudiamos, aunque no sea derecho, sabemos que la Constitución es la ley máxima, la que establece todas las leyes secundarias”.

Y resaltó que fue la ex ministra Olga Sánchez Cordero en el Congreso, quien explicó que el artículo que ahora se cuestiona (el 61, numeral uno, de la Ley de Amparo) fue una modificación del PRIAN, de los mismos que ahora están en contra.

“En 2013 fue válido porque era la reforma energética, que privatizaba Pemex y CFE, que le quitaba a los mexicanos sus empresas pública, pero ahora no, porque pero ahora no porque es en favor del pueblo”.

Aseguró que la oposición está llena de contradicciones, y pidió esperar la votación de la Corte sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la próxima semana. “No nos adelantemos”.

Criticó que el ministro ahora cuestione hasta los gastos en Palacio Nacional. “Para empezar, todavía no vivo en Palacio Nacional, y segundo, tiene su propio presupuesto para conservar este monumento histórico de todos los mexicanos. Mal haríamos en no destinar” recursos para ello.

Señaló que sus gastos y los de su esposo, cuando se muden, serán cubiertos con su salario como presidenta.

“Tranquilos, calma”, pidió a sus detractores y exhibió la fumarola del Popocatépetl en forma de corazón. “Amor y paz”, agregó.

La mandataria resaltó que todos los mexicanos deben conocer la Constitución, no sólo los expertos, los constitucionalistas, los abogados. Es lo que nos rige como mexicanos”.

Avalan supremacía constitucional

Con los votos de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó ayer la llamada supremacía constitucional, que modifica los artículos 105 y 107 de la Carta Magna, para establecer la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad.

El dictamen fue avalado por 343 votos en favor y 129 en contra, y después de más de 10 horas de debate, durante el cual la oposición alertó que la enmienda significa el inicio de una dictadura, mientras los partidos mayoritarios subrayaron que sólo se traslada a la Carta Magna lo ya previsto en el artículo 61 de la Ley de Amparo.

Se envió de inmediato a las legislaturas de los estados, porque Morena quiere emitir la declaratoria de validez este mismo jueves, antes de que los ministros revisen la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

Poco antes de la votación, desde la tribuna, el panista José Manuel Hinojosa soltó soez hacia el ala izquierda del salón: ¡Ojalá la ley tuviera espinas para que al menos les duela cuando se la pasen por los güevos!

Un sector del grupo parlamentario de Morena trató de negociar dentro de su propia bancada una reserva para suprimir de la minuta del Senado el polémico artículo segundo transitorio, el cual dispone que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el decreto.

Dicho apartado permite una aplicación retroactiva de la ley, lo que no sólo anularía todas las inconformidades que se han presentado hasta la fecha contra la reforma al Poder Judicial de la Federación, sino los amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad sobre cualquier otro tema, según explicaron diputados de la mayoría.

Rechazar la modificación

Juan Ramiro Robledo –actual enlace de la Secretaría de Gobernación con el Congreso de la Unión, y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la pasada Legislatura–, operó para rechazar la modificación, debido a que él fue quien propuso dicho transitorio.

El jaloneo interno fue tal que en el salón de sesiones discutieron el punto Robledo, Leonel Godoy, actual presidente de Puntos Constitucionales, y el vicecoordinador del grupo, Alfonso Ramírez Cuéllar. Al final, prevaleció el sector duro morenista.

Luego de que se canceló la sesión solemne para conmemorar los 50 años de la incorporación de Baja California Sur a la Federación, dio inicio la discusión sobre la reforma, cuyos términos fueron explicados asamblea por Godoy, quien presumió el documento como el dictamen de la mayoría.

Esa frase fue criticada por la oposición, que acusó el tono partidista, en vez de institucional, del ex gobernador de Michoacán, quien rechazó que se desmonte el estado de derecho o se atente contra la defensa de las garantías individuales.

Lilia Aguilar Gil (PT) sostuvo que la derecha y sus rémoras mienten, porque –dijo– el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad permanecen.

Vestidos de negro y con veladoras, los panistas subieron a la tribuna con lápidas de cartón en las que se leía, como epitafio, Descanse en paz el estado de derecho, murió víctima del autoritarismo de Morena.

De esa bancada, Annia Sarahí Gómez Cárdenas sostuvo: “Hoy, Morena está matando a la Constitución. En tan sólo ocho días pretenden redefinir el orden democrático… Estamos ante una regresión histórica, porque pretenden imponer la nueva Ley de Herodes: ‘o te sometes a Morena, o te jodes’”.

Sergio Gil (MC) recurrió a la misma referencia de la película de Luis Estrada y soltó a Morena que, además de ser hijos del PRI –como los calificó el propio tricolor en la sesión del 23 de octubre–, “son nietos de Varguitas y de La Ley de Herodes”.

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