Las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) contra 61 integrantes de la presunta red de corrupción dirigida por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón, involucran a cinco familiares del ex funcionario y a sus socios en cuatro empresas.
De acuerdo con fuentes ministeriales, la acusación contra todos los involucrados es el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados al presupuesto del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de las prisiones federales. La fiscalía investiga la firma y pago de 10 contratos considerados ilícitos.
La acusación contra los 61 presuntos implicados incluye los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, indicaron las fuentes.
Entre los involucrados están los creadores de la empresa Nice Systems Limited, constituida en Israel por los dueños de la corporación Weimberg, y quienes también son socios de García Luna en las compañías Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, abiertas en Panamá por el mismo consorcio.
En la trama también aparecen familiares de García Luna, como su esposa, Linda “P”, sus hermanas Esperanza, Luz María y Gloria, así como su hermano Humberto, a quienes se les supone haber participado en un esquema financiero con el cual opera la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management.
Las acusaciones también señalan a Jonathan “W”, Mauricio “W”, José Luis “C”, Rosalba “T”, Esthela “D”, María Vanesa “P”, Francisco “C”, Gabriel “C”, Natan “W” y Félix “V”, todos directores y supuestos socios de Nunvav Inc.
Los mandamientos judiciales mencionan, asimismo, a titulares del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social durante el sexenio de Calderón.
Las fuentes agregaron que el gobierno federal aún investiga los datos exhibidos en septiembre de 2022, como parte de una denuncia civil ante la corte de Miami, Florida, en Estados Unidos.
A partir de esa denuncia, el gobierno busca recuperar propiedades y activos que supone adquirieron García Luna, prestanombres y familiares, mediante contratos públicos ilegales, en los sectores de seguridad y defensa nacional.
El Tribunal confirmó la decisión del Juez de Distrito y negó el amparo a Genaro García Luna al establecer que la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional.
Seguirán bloqueadas cuentas de García Luna
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En 2020, García Luna promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra el acuerdo de la UIF 286/2019 que lo incluyó en la LPB a solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por una investigación sobre lavado de activos.
El 16 de mayo de 2022, el Juez de Distrito emitió una sentencia en la cual señaló que México asumió el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Con ello, se dio validez a la solicitud emitida por la DEA aportada por la UIF en el juicio de amparo.
En contra de dicha resolución, García Luna interpuso un recurso, el cual fue admitido por el Décimo Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 288/2022, mientras que la UIF formuló agravios en adhesión para aportar elementos de convicción sobre la determinación emitida por el Juez de Distrito en el sentido de que existió un respeto a las garantías procesales del exsecretario.
La resolución de este proceso se dio el pasado 11 de mayo, donde el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la decisión del Juez de Distrito y negó el amparo a Genaro García Luna al establecer en identidad de razonamiento que “la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la LPB fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la SCJN”.
Apenas, ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo un total de obtuvo 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales, ligados a la gestión del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
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