La orden de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa la dio El A1, quien presuntamente sería el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca; y dirigentes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en colusión con otras autoridades de diversos órdenes de gobierno.
Así lo dio a conocer esta mañana el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) para el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG).
En los hechos también habría participado el comandante del 27 batallón del Ejército, con sede en Iguala, José Rodríguez, identificado como El Coronel, quien habría ejecutado a los últimos seis normalistas que estuvieron detenidos en una bodega varios días después de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Al participar este viernes en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Encinas develó un diagrama que contiene los nombres y la red de vínculos que se dieron para la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal. Esta información estaba testada en la copia del informe sobre el caso que el propio funcionario dio a conocer la semana pasada debido a que no se habían emitido las órdenes de aprehensión contra muchos de los presuntos involucrados, incluidos militares.
“¿Quiénes dieron la orden (de desaparecerlos)? Participa A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos, y en colusión algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación (realizada por la Comisión)”, apuntó Encinas.
En informe asienta: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción’. A1 ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado, ‘mátalos a todos, Iguala es mío’”.
Al ser interrogado sobre dónde estarían los normalistas o sus restos, el subsecretario respondió: “Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas, de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición. Son los temas que estamos nosotros analizando”.
Remarcó que no le toca a la comisión a su cargo, sino que corresponderá a la justicia civil y militar llegar a las realizar las investigaciones, acusaciones, conclusiones y encaminar todo esto hacia la verdad y la justicia –que ha sido la exigencia central de las familias de los 43 estudiantes.
“Nosotros estamos aportando todos los hallazgos, indicios y evidencias a la Fiscalía General de la República, particularmente a la Unidad Especializada para la Litigación del Caso, ellos tendrán que ir delineando las responsabilidades, esto es muy importante. Nosotros somos una comisión por la verdad y el acceso a la justicia, no somos policías, no somos ministerio público; nosotros estamos aportando toda la información que nos permita esclarecer los hechos y será la propia autoridad la que defina el alcance de las responsabilidades”.
Agregó: “hay responsabilidades dentro la justicia militar, porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Secretaría de la Defensa Nacional para soldados desaparecidos, pero también será la autoridad militar quien tome las decisiones”. Esto debido a que el Ejército tenía infiltrado en la normal a uno de sus elementos, Julio César López Patolzin, quien es uno de los 43 normalistas, debido a que los protocolos de las fuerzas armadas demandan resguardar la integridad de los soldados en riesgo.
Conclusiones del caso Ayotzinapa
Las conclusiones del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa son:
- Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
- Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
- Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
- Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
- Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y, al menos, tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
- Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
- Que tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
- Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
- Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.
- Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
- Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.
- Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
- Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
- Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
- Que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriano en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje.
- Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.
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