La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Grupo Elektra debe pagar 2 mil 636 millones de pesos que le adeudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por el pago en Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio de 2006.
La SCJN resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, que el amparo solicitado por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar al SAT los adeudos.
La pelea entre Hacienda y Salinas Pliego inicio desde el 2015 con una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero debido a los recursos de amparo llegó a la Suprema Corte en marzo de 2018.
Cabe recordar que en febrero del año pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que las empresas propiedad de Ricardo Salinas, de las que Elektra forma parte, deben alrededor de 40 mil millones de pesos por impuestos, cuyo pago busca evitar mediante diversos juicios.
Así, Grupo Elektra deberá pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el ISR, aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006, determinó la SCJN.
El SAT ha estado luchando contra Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, en los tribunales durante más de una década y si bien este es solo uno de los ocho casos que existen contra la empresa, la decisión de la SCJN podría afectar todas las demás demandas.
Ayer la Segunda Sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas, confirmando sentencias previas del TFJA y de un tribunal colegiado de circuito.
En la revisión del amparo 2497/2018, la SCJN resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar al SAT.
De forma previa se resolvió un recurso de reclamación presentado por la empresa, que pretendía detener la resolución del medio de defensa señalado con anterioridad. No obstante, este fallo también fue favorable al SAT y en ambos asuntos los ministros votaron de la siguiente forma:
A favor: la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el ministro Javier Laynez Potisek y la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En contra: los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales.
En el caso que resolvió la Corte, el SAT señaló a Elektra por deducciones indebidas de inventario acumulable y pérdidas fiscales aplicadas siete años antes.
Este caso inició en mayo de 2015 con una demanda ante el TFJA, pero debido a los recursos de amparo llegó a la Suprema Corte en marzo de 2018.
En febrero del año pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que las empresas propiedad de Ricardo Salinas, de las que Elektra forma parte, deben alrededor de 40 mil millones de pesos por impuestos, cuyo pago busca evitar mediante diversos juicios.
Durante el programa “Los periodistas”, conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez, la funcionaria fue cuestionada sobre cuánto deben las empresas del dueño de Grupo Salinas.
“¿Puede llegar a 40, 40 mil millones de pesos?”, le preguntó Alejandro Páez, cifra que fue confirmada por la funcionaria.
“Lo que resulte a partir del momento que se dé el fallo final o que él decida venir a pagar, en ese momento se corta y actualiza el importe en pesos reales”, agregó en esa ocasión.
A consecuencia del revés propinado por la Segunda Sala de la SCJN, al haberle negado el amparo solicitado con el que pretendía evitar el pago de un adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos, el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, anunció su intención de acudir a instancias internacionales.
La empresa, en un caso relacionado con un amparo promovido por ésta para intentar evitar el pago de impuestos del ejercicio 2006, señaló mediante un comunicado que “con relación a la resolución del amparo directo 2497/2018 del día de hoy en la Suprema Corte, Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada”.
Según dice Grupo Salinas, los ministros de la SCJN se negaron a revisar el asunto de fondo, por lo que consideran que “se violó” su derecho de acceso a la justicia y debida defensa.
“En pleno apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho. Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos”, dicen.
La empresa propietaria de Elektra y Banco Azteca, entre otras, afirma contar con los instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales, que hará valer en la legítima defensa de sus negocios.
Y es que, durante la sesión de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, tres de los cinco ministros que la integran votaron por desechar el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al ISR de 2006, e incluso los dos restantes, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, se pronunciaron por negar directamente el amparo.
Los ministros determinaron en su resolución que “se desechan el recurso de revisión y su adhesiva”, lo que implica que se consideró que el asunto carece de importancia y trascendencia necesaria para que fuera resuelto por el máximo tribunal del país, por lo que regresará al tribunal de origen.
El asunto se deriva de que, en una maniobra evidentemente irregular, el consorcio de Salinas Pliego intentó que la inversión provocada por la fusión de algunas empresas filiales del grupo, dedicadas al almacenaje y la distribución fuera deducido del ISR adeudado, lo cual fue negado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que Grupo Electra llevó el caso hasta la Suprema Corte en 2018 y sobre lo cual Ricardo Salinas se ha inconformado en tres ocasiones con sendos amparos, mismos que le han sido negados.
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