Ordena juez dotar de agua potable a habitantes de Caña Brava, Quintana Roo.
Por tercera ocasión en la historia de Quintana Roo, un juez federal ordena al Congreso del Estado a destinar recursos económicos para dotar de agua potable una población de la zona limítrofe con Campeche.
En esta ocasión se trata de la comunidad de Caña Brava, localizada en el municipio de Othón P. Blanco, luego que el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal, otorgó una sentencia a su favor y, con ello, accedan a este derecho humano de primera generación, a 30 años de haber sido fundada.
El primero de ellos fue la población de San Antonio Soda, que ya cuenta con el servicio de agua potable en los domicilios de sus habitantes, tras obtener un triunfo legal sin precedente en el estado, luego de que un Tribunal Colegiado, ratificó la orden para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), les otorgue a sus habitantes este servicio.
Ordena juez dotar de agua potable a habitantes de Caña Brava, Quintana Roo; el Congreso local deberá considerar presupuesto para las obras.
Más tarde, la localidad de Guillermo Pietro ganó el amparo presentado al Juzgado Federal del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, que obliga al Congreso del Estado a destinar recursos en el presupuesto del 2021 para que la CAPA construya un acueducto para satisfacer esta demanda.
El representante legal del poblado, Andrés Blanco Cruz, explicó que con esta nueva determinación federal, la XVI Legislatura está obligada a etiquetar el presupuesto correspondiente dentro del Paquete Fiscal del Estado correspondiente al 2021, para cumplir con este mandato ahora en la población de Caña Brava.
La comunidad de Caña Brava se localiza en la zona limítrofe con Campeche.
De esta manera, aseguró que los diputados locales deben atender a la brevedad las sentencias emitidas por la autoridad judicial federal, ya que los tiempos otorgados por el mismo están a punto de fenecer.
Advirtió que en caso de que el Congreso incumpla con este requerimiento judicial, se hará uso de los recursos legales necesarios para que acaten la disposición de los jueces a favor de los habitantes de las comunidades en cuestión.
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