En respuesta al lamentable incendio ocurrido en una sucursal de Waldo’s en el centro de Hermosillo —que cobró la vida de 23 personas— el gobierno de Sonora ordenó el cierre temporal de todas las 68 tiendas de la cadena en la entidad.
La medida, anunciada el pasado domingo por el secretario de Gobierno de Sonora, Alfonso Salazar Razo, busca garantizar que cada establecimiento cumpla con las normas de seguridad correspondientes.
En conferencia de prensa, Salazar Razo señaló “El día de ayer en una comunicación que tuvo un servidor con el dueño de la empresa se le instruyó que cerraran cada una de las 68 instalaciones que existen en el estado de Sonora, que pudieran cerrar las puertas para efectos de poder iniciar una revisión profunda del cumplimiento de cada una de las normas que se necesitan atender para efecto de garantizar la seguridad de la gente”.
El funcionario agregó que el proceso se realizará junto con autoridades municipales para que “se pueda concluir que no tenemos ningún establecimiento que ponga en riesgo a ningún ciudadano”.
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Las investigaciones iniciales apuntan a posibles irregularidades en los permisos de operación del local donde comenzó el fuego. Según el secretario, en 2019 “la administración anterior” avaló el programa interno de protección civil, el cual fue ratificado en 2020. Sin embargo, en 2021 el actual gobierno “concluyó darle un sentido negativo” al mismo, al detectar deficiencias en su cumplimiento.
Por su parte, el fiscal estatal, Rómulo Salas Chávez, informó que la principal línea de investigación se centra la falla de un transformador ubicado dentro del establecimiento.
“Está revisándose toda la instalación, tanto en superficie como en la parte superior, ya que cuenta con paneles solares y con convertidores eléctricos para convertir la energía solar en eléctrica y que entra, entiendo, al suministro de la corriente eléctrica que administra la comisión federal”, explicó. Aclaró además que el transformador “era privado y no formaba parte de la estructura de la Comisión Federal de Electricidad”.
Las labores periciales comenzaron cerca de 20 horas después del siniestro, debido a que bomberos y Protección Civil mantuvieron resguardado el inmueble hasta asegurar su estabilidad.
Por su parte, el secretario de Salud, José Alomía Zegarra, informó que cinco personas continúan hospitalizadas, entre ellas una joven de 20 años y un hombre de 81, ambos en estado crítico.
La joven podría ser trasladada al extranjero para recibir atención especializada, “sin escatimar en tema de recursos”, precisó el funcionario, quien subrayó que la decisión dependerá de su evolución médica y del consentimiento de sus familiares.
El gobierno estatal se comprometió a cubrir todos los gastos derivados del siniestro, incluidos servicios médicos, funerarios y atención psicológica. Hasta las 13:00 horas del domingo, 21 víctimas habían sido identificadas por sus familiares, mientras que dos permanecen sin reconocimiento.
Con Información de Agencias
