El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se dijo sorprendido de que un familiar del ex presidente Enrique Peña, pague 75 millones de pesos al año en una tarjeta de crédito.
Ayer, el funcionario federal participó en el diplomado virtual interinstitucional en materia de prevención de lavado de dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo, organizado por universidades públicas como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
Ahí habló sobre los avisos detectados en las actividades vulnerables comprendidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Uno de los ejemplos que dio fue relacionado con la actividad de tarjetas de crédito o de servicios, citando el caso del familiar del ex mandatario federal.
“Familiares de Enrique Peña Nieto tienen también pagos por 75 millones de pesos en un año, en una tarjeta de crédito. Yo les preguntaría a todos y todas, incluyendo a los rectores, si ellos gastan 75 millones de pesos en una tarjeta de crédito American Exprés en un año. Yo creo que la respuesta es no. Y creo que el punto central está en esto, en que en este tipo de avisos nos damos cuenta de temas vinculados con corrupción en el ámbito político”, declaró.
Nieto Castillo también citó otros casos relacionados con servidores públicos y políticos, en donde no dio más detalles sobre posibles investigaciones relacionadas con los ejemplos.
“De repente encontramos que algún ex senador de la República tiene un pago con tarjeta de servicio y crédito por 150 millones de pesos, y uno dice: ¿De dónde se sacó? Encontramos algún líder político de algún partido en la Ciudad de México qué tiene una tarjeta de beneficiario donde se le pagan 60 millones de pesos. O simplemente el ex gobernador Sandoval de Nayarit que tiene tarjetas en donde son adicionales y que terminan pagando millones de pesos”, expuso.
El titular de la UIF también citó dentro de su ponencia los casos detectados dentro de la llamada “Estafa Maestra”, en donde presuntamente la Sedesol, con Rosario Robles al frente, realizaba subcontrataciones de empresas fachada a través de universidades públicas.
No a la impunidad, pide Nieto Castillo
Santiago Nieto Castillo se ha convertido en una de las armas más filosas de Andrés Manuel López Obrador. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el funcionario tiene la tarea -entre otras- de detectar redes corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. De su trabajo depende en buena medida la promesa de la 4T de terminar con la corrupción en México.
En una extensa entrevista con La Política On Line, Nieto analiza los avances en la estrategia de seguridad de AMLO, describe las nuevas relaciones con las agencias de Estados Unidos, y envía un nuevo mensaje crítico a los retrasos de la Fiscalía General comandada por Alejandro Gertz Manero.
En la UIF estaban investigando al magistrado José Luis Vargas antes de su remoción, ¿cómo quedó ese asunto?
Nosotros tenemos un acuerdo con el Consejo de la Judicatura. Revisamos a todos los jueces, las juezas, secretarios de estudio en cuenta, consejeros, consejeras, magistrados de la Sala Superior. No revisamos a los ministros. El caso Medina Mora fue diferente, tuvo que ver por otra vía.
En el caso de José Luis Vargas encontramos algunas irregularidades y se presentó la denuncia. La Fiscalía Anticorrupción determinó el no ejercicio de la acción penal. Y nosotros presentamos un recurso de inconformidad ante un juez de control. El juez de control tenía básicamente tres salidas. Primero, decir que la UIF no tenía legitimación procesal activa para poder impugnar el no ejercicio de la acción penal de un órgano autónomo. Segundo, que la investigación está bien hecha, y por tanto proceden los ejercicios de la acción penal. O tercero, la investigación es deficiente, y por tanto se revoca el no ejercicio y se obliga a la Fiscalía a seguir investigando.
En el caso de Vargas encontramos irregularidades y presentamos la denuncia. La Fiscalía Anticorrupción determinó el no ejercicio de la acción penal, pero un juez de control nos dio la razón, revocó esa decisión, y devolvió el expediente para que la Fiscalía siga investigando.
Lo que nosotros señalamos es que se hizo una revisión respecto a enriquecimiento ilícito de 2016, cuando fue designado magistrado, y hasta 2020 (aún falta 2021). Y no hicieron ninguna revisión de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) de 2011 al 2021. Por lo tanto, la investigación está incompleta. Y el juez nos dio la razón, revocó la decisión, y entonces devolvió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción que tiene que seguir integrando la carpeta de investigación.
En eso estábamos cuando vino la ruptura institucional del Tribunal Electoral, y la crisis que se ha visto en este momento, que eso corresponde al Poder Judicial de la Federación. Ellos tendrán que definir quién es su presidente y ahí evidentemente nosotros no tenemos nada que ver.
