PAN y El Yunque causaron tragedia social en Guanajuato

Los altos índices de violencia y homicidios en Guanajuato están relacionados con la aplicación del modelo neoliberal instaurado en 33 años de gobiernos del PAN, y su alianza con la extrema derecha de El Yunque, sostuvo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria presentó los resultados de un diagnóstico sobre las causas de la violencia y la inseguridad en esa entidad —la de mayor índice de asesinatos a escala nacional— durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacó que los funcionarios de procurador y administrar justicia y garantizar seguridad llevan más de una década en sus puestos.

Detalló que Guanajuato ocupa actualmente el primer lugar en homicidios dolosos en el país, y este delito se incrementó 994 por ciento de 2009 a 2020.

De acuerdo con el reporte, de 1991 a 2024 ha habido siete gobiernos locales de la derecha “que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo tradicional y la extrema derecha de El Yunque”.

La secretaria agregó que esto ha generado la concentración del capital en el corredor industrial, “lo que acentuó el rezago educativo, falta de acceso a la salud, servicios básicos de vivienda y la precarización de las condiciones laborales”.

Destacó que esta entidad es la quinta economía del país, el primer lugar en captación de remesas y el séptimo en inversión extranjera directa; además que tiene una posición estrategia en la red de carreteras y posee una red importante de ductos de Pemex.

Sin embargo, en ocho de los 46 municipios ubicados en el corredor industrial concentran 60 por ciento de los pobres del estado; y León es el municipio más pobre del país y el segundo con más gente en pobreza extrema, con alta incidencia de viviendas precarias sin servicios básicos.

La funcionaria federal aseguró que de 2000 a 2018 el robo de combustible proliferó en Guanajuato, donde grupos criminales de Celaya o Los Apaseos operaban sin la intervención de las autoridades estatales.

Esta actividad ilícita la concentró sobre todo el cártel de Santa Rosa de Lima, y la violencia se fue a la alza cuando el cártel Jalisco Nueva Generación llegó al estado para pelear la plaza.

Sobre los funcionarios que han prolongado por varios sexenios en sus cargos, la funcionaria destacó que el fiscal del estado, Carlos Zamarripa, se ha mantenido por 15 años en el puesto, y bajo su gestión se la incidencia de homicidios dolosos ha crecido 994 por ciento.

En tanto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca, lleva 11 años en esa posición, y antes estuvo como responsable de seguridad en León, que es el municipio con el primer lugar nacional en homicidio y narcomenudeo.

Diagnóstico en Guanajuato

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó el “Diagnóstico de la Situación Económica, Social y de Seguridad en Guanajuato”, en el que se analiza la situación económica de la entidad, el entorno social, el origen de la inseguridad, indicadores sobre el consumo y distribución de drogas, y la estrategia especial para construcción de paz en este estado.

Este estudio fue elaborado por la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito y las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, con el objetivo de tener un diagnóstico sobre la situación de Guanajuato, con el propósito de aplicar una Estrategia Especial para la Construcción de Paz en el estado.

Este estudio parte de la historia política de la entidad, la cual ha sido gobernada 33 años con un “modelo económico neoliberal, instaurado por la derecha”, y ha tenido las mismas autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito en más de una década.

Luego se hace un análisis de la situación económica de la entidad, marcada por el impulso de la concentración del capital en el corredor industrial, aprovechada por la posición estratégica de Guanajuato con la red nacional carretera y de poseer una importante infraestructura de los ductos de Pemex.

Por ello, Guanajuato es la quinta economía del país, ocupa el primer lugar en captación de remesas y el séptimo en inversión extranjera directa. Sin embargo, esto ha generado una profunda desigualdad en el estado, ya que ocho de sus 46 municipios, ubicados en el corredor industrial, concentran el 59% de los pobres en Guanajuato. León es el municipio con más pobres del país y el segundo con más gente en pobreza extrema.

Además, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), Guanajuato se sitúa en el primer lugar nacional como entidad expulsora de migrantes y, en últimos años, ha aumentado de 14.6% a 20.2% el porcentaje de población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación básica.

De acuerdo con el Coneval, 50.2% de la población de Guanajuato carece de acceso a la seguridad social (3 millones 148 mil 200 personas), 18.3% tiene carencia por acceso a la alimentación (un millón 146 mil personas), 6.2% con carencia por calidad y espacios en la vivienda (387 mil 400 personas) y 41.4% con carencia por ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos (2 millones 598 mil personas)

En cuanto al origen de la inseguridad, el Diagnóstico identificó que el robo de combustible creció considerablemente entre el 2000 y 2018, de acuerdo con datos de Pemex. Grupos criminales de la región de Celaya y los Apaseos practicaban el huachicol, con bajo o nulo registro de la intervención de autoridades estatales y municipales para impedir la recurrencia de este delito, incluso detectado dentro de la refinería en Salamanca, según información de las Mesas de Paz en la entidad. El control de esta actividad ilegal la encabezó el Cartel de Santa Rosa de Lima, pero la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación para competir por esta actividad desató acciones violentas en la entidad.

Por otra parte, Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidio doloso en el país. Del año 2009 al año 2020 los homicidios se incrementaron 994% al pasar de 491 a 5 mil 370. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 Guanajuato se ubicaba en el octavo lugar en carpetas de investigación por narcomenudeo en el país, para 2018 ya se encontraba en la segunda posición y desde 2020 ocupa el primer sitio.

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el homicidio fue la principal causa de muerte de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad en 2023, la mayoría por arma de fuego el año 2023 se registraron 3 mil 746 homicidios, de los cuales el 36.6% (mil 689) fueron jóvenes entre 12 y 29 años. A su vez, de estos, el 81% de los homicidios (mil 370) se cometieron con arma de fuego.

El Diagnóstico identifica la permanencia de altos funcionarios responsables de la seguridad y procuración de justicia del estado en sus puestos como otro de los orígenes de la inseguridad en la entidad. Particularmente menciona el caso de Carlos Zamarripa Aguirre, procurador de justicia y fiscal de Guanajuato durante los últimos 15 años y quien seguirá en el cargo hasta 2028, desde el inicio de su gestión se ha registrado un aumento del 994% en homicidios dolosos. Además, está el caso de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, titular de seguridad del estado, quien ocupa esa posición desde hace más de 11 años.

El Diagnóstico también hace un análisis del consumo de drogas en Guanajuato. De acuerdo con la “Encuesta sobre consumo de sustancias a trabajadores del corredor industrial Celaya-León”, aplicada en mayo de 2024, el 26.1% de los trabajadores de la industria manufacturera ha consumido sustancias alguna vez, mientras que el 54% externó que conseguir drogas en su entorno es fácil.

En este escenario, en diciembre de 2022 se implementó la Estrategia Espacial para la Construcción de Paz en Guanajuato, en la que se identificaron las necesidades de la población en las 71 colonias prioritarias de seis municipios con mayor índice de violencia.

Entre las acciones que se llevaron a cabo está el establecimiento de oficinas móviles del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Instalación de módulos del IMJUVE para orientar sobre la Red Nacional de Atención Juvenil, Contacto Joven, la oferta de trabajo del Servicio Nacional del Empleo a 42 jóvenes reincidentes en faltas administrativas, como consumo de drogas o alcohol en vía pública; la colaboración de Pemex con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y prevenir su participación en el huachicol.

También se crearon siete semilleros creativos y la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez incorporó a 8 mil 416 familia; se reforzaron las acciones de prevención de violencias de género y adicciones en las escuelas, se trabajó para incorporación de personas a programas de bienestar a través de responsables de colonia (servidores de la nación), se mantiene la presencia de la Guardia Nacional en toda la entidad.

Entre los pendientes de la estrategia está el establecimiento de un programa emergente de mejoramiento de la infraestructura urbana y la recuperación y apropiación de espacios públicos con la población.

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