‘Pensiones doradas’ llegan al Senado para su análisis

Finalmente, anoche fue enviada al Senado de la República la propuesta de reforma constitucional que frenaría definitivamente las “pensiones doradas” que aún reciben exfuncionarios de empresas paraestatales.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue turnada de inmediato a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

La iniciativa de reforma constitucional plantea disminuir las pensiones millonarias que reciben ex servidores públicos y en general altos mandos de empresas paraestatales, organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras entidades gubernamentales y establece que en adelante ningún exfuncionario podrá percibir una jubilación superior a 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, quedan excluidas de este límite las pensiones de las Fuerzas Armadas, las prestaciones basadas en aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas a partir de aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.

La disposición se aplicará a pensiones y jubilaciones futuras de altos mandos, conocidos como la burocracia dorada, pero también a las que se otorgaron con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación constitucional, con lo que el Estado se ahorrará más de 5 mil millones de pesos al año.

La iniciativa busca reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que ninguna pensión o jubilación otorgada con recursos públicos exceda el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que en términos prácticos implicaría que estos ingresos no superen los 70 mil pesos mensuales.

Ex funcionarios que en años recientes recibieron un millón de pesos al mes de pensión, incluido un ex subdirector de Luz y Fuerza del Centro, una vez promulgada la reforma sólo percibirán 70 mil pesos.

En la exposición de motivos, la presidenta Sheinbaum explica que “al tratarse de recursos públicos del Estado mexicano, no sólo se sustenta en el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 134 de la Carta Magna sobre la administración de los recursos públicos”, sino que “también es coherente con una larga línea de precedentes constitucionales de la Suprema Corte de Justicia”.

En esa jurisprudencia, dijo, se establece que las reformas a la Constitución “pueden válidamente operar sobre actos o hechos ocurridos en el pasado, sin que transgreda el principio de retroactividad de la ley”.

Advierte también que de no corregirse esas pensiones y jubilaciones en Pemex, CFE, Luz y Fuerza, Banco de México, Nacional Financiera y otras sociedades de crédito, “han derivado en compromisos presupuestarios que a futuro pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en detrimento del bienestar colectivo”.

La presidenta Sheinbaum resalta que la reducción no incluye a personal de las fuerzas armadas ni a trabajadores de base sindicalizados, y la intención no es desconocer derechos de altos mandos de confianza, sino evitar la generación de privilegios y percepciones desproporcionadas con recursos públicos. La reforma, destaca, parte de la austeridad republicana y la responsabilidad financiera.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó se recibió la iniciativa y se turnó de inmediato a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.