El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a los cinco personajes más ricos del país dar su opinión en torno a los argumentos esgrimidos por organizaciones empresariales para que “se viole” la Constitución en el tema de la supuesta sobrerrepresentación y en torno a la presión a la que se ha sometido a los miembros de los organismos electorales, así como en la reforma al Poder Judicial.
Con base en el listado de la revista Forbes, sobre los más acaudalados de México, el mandatario federal hizo ese exhorto a Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, a la familia Bailléres y María Asunción Aramburuzabala manifestar, por cualquier medio, su posición al respecto.
“Queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de derecho y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión”, expresó.
Consideró que “sería muy extraño” que Slim —y el resto de estos personajes— esté en favor de que se viole la Constitución. “Pero quiero su opinión, y nada de simulaciones (…) Y no al presidente, al pueblo de México”.
En la mañanera, luego que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, expuso los argumentos con los que de acuerdo al Ejecutivo federal no habrá sobrerrepresentación de Morena en la próxima Legislatura, el mandatario plateó que las organizaciones empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios —que pidieron una “interpretación” de la carta magna— representan “un parapeto”.
López Obrador enfatizó: “No hace falta consultar abogados, él (Slim) es muy inteligente y tiene juicio práctico, sentido común que es el menos común a veces de los sentidos, que nos diga (al igual que el resto) ¿qué opina? ¿Si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la Constitución? ¿Si eso es éticamente correcto? ¿Si ese es el México que queremos para nuestros hijos, nuestros nietos, para las nuevas generaciones, que siga la simulación, que siga predominando el estado de chueco, el estado de cohecho, no un auténtico estado de derecho?”.
El tabasqueño subrayó además que estos cinco acaudalados empresarios también deben expresarse en torno a la presión que han enfrentado los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el tema de la llamada sobrerrepresentación.
“Vamos a ver su opinión. Y que ya no se esté presionando a los del consejo del INE ni a los magistrados del Tribunal, porque tampoco estoy hablando al tanteo”, subrayó.
Y añadió: “Los cinco más ricos de México de acuerdo a la revista Forbes, lo que queremos es que ellos, que son escuchados y respetados, y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico estado de derecho y que hagas el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión”.
El jefe del Ejecutivo federal consideró que este asunto es “emblemático y muy importante”, pues durante todo el periodo neoliberal, “durante la aplicación de toda la política de pillaje, se aprobaron reformas a la Constitución, todas en contra del pueblo de México, para legalizar el saqueo en contra de los bienes y el pueblo de México. En 36 años no se aprobó una reforma en beneficio del pueblo, todas para favorecer a una minoría rapaz, a políticos corruptos.
“Ahora que se quiere hacer una reforma a la Constitución pensando que se imparta justicia a todos, resulta que se oponen, pero no sólo los legisladores, sino se oponen los de las organizaciones económicas, financieras y no quiero generalizar”.
El mandatario explicó que la Cuarta Transformación pretende reformar el ámbito judicial con el objetivo de impartir justicia a todas las personas; sin embargo, se oponen a este propósito representantes del sector empresarial y financiero que históricamente han obtenido beneficios del sistema corrupto.
“Que se aclare que no todo el que tiene es malvado. No estamos en contra de quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, logran un patrimonio. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida y de la corrupción porque la corrupción es el principal problema de México; era, todavía no hemos terminado de limpiar al país de corrupción”, acotó.
“Que se sinceren, lo peor es la hipocresía. (…) Yo se los estoy pidiendo de manera respetuosa y no me doy por atendido. Quiero una respuesta, además, con todo el derecho a decir: ‘no quiero opinar’ o ‘no tengo por qué dar a conocer lo que pienso’ y se respeta, pero ya no andemos por las ramas. Directo porque está muy claro”, remarcó.
¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial? pic.twitter.com/q5XhgXbVQz
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 20, 2024
Segob desmiente rumores
Respecto al contenido de la reforma al Poder Judicial y la supuesta sobrerrepresentación del movimiento de transformación en la virtual conformación de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dijo que el debate de ambos temas gira en torno a falsedades y rumores, por lo que ofreció una nueva explicación.
Puntualizó que la reforma al Poder Judicial consiste en:
-Instaurar el método democrático para elegir a ministros, magistrados y jueces a través del voto libre y secreto de la ciudadanía. Se realizarían convocatorias abiertas para quienes tengan licenciatura en derecho con promedio mínimo de 8 y de 9 en materias afines al cargo, cartas de recomendación y ensayos que respalden su candidatura. Los comités de evaluación seleccionarían a los perfiles con mejor trayectoria y preparación que destaquen por su honestidad.
-Crear un órgano que vigile la actuación de juzgadores denominado Tribunal de Disciplina Judicial como autoridad independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrado por magistrados electos por voto popular, quienes tendrían facultades amplias para investigar la actuación de cualquier juzgador, incluyendo que sus resoluciones se apeguen a la ley. Podrían aplicar sanciones ejemplares como la suspensión o destitución cuando muestren falta de probidad.
-Evaluar el desempeño de los juzgadores para que cada nueve años sean ratificados en el cargo mediante el voto popular. Jueces y magistrados electos deberán ser evaluados en el primer año en el encargo y podrían ser suspendidos o destituidos por mal desempeño. Tendrán la obligación de dar aviso y justificar demoras procesales ante el tribunal de disciplina con posibilidad de sanción.
-Operar con austeridad y transparencia para que los sueldos topen con la remuneración de la Presidencia. Eliminar haberes de retiro y privilegios al concluir el cargo. Eliminar fideicomisos que deben retirarse para implementar la reforma y garantizar que los presupuestos de egresos de cada año contemplen todos los derechos adquiridos de los trabajadores.
Informó que, si se aprueba la reforma al Poder Judicial, la renovación de los cargos será en dos etapas:
El 1° de junio de 2025 se elegirá a la totalidad de ministros de la SCJN e integrantes del Tribunal de Disciplina; vacantes de la Sala de Superior, la totalidad de salas del Tribunal Electoral y la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Los comités de evaluación verifican los antecedentes académicos, profesionales y las cualidades técnicas y éticas de los aspirantes seleccionan los mejores perfiles y eligen mediante insaculación a tres candidatos por cargo (ministro, magistrado electoral e integrante del Tribunal de Disciplina) y dos candidatos por cargo de magistrado de circuito o juez. Magistrados, ministros y jueces en funciones tendrán pase automático a la boleta.
Luego de mostrar un ejemplo de cómo sería la boleta para votar por cinco mujeres y cinco hombres para jueces y magistrados, así como por cinco mujeres y cuatro hombres en la elección de ministros y cinco para el Tribunal de Disciplina, la secretaria de Gobernación expuso que el INE será responsable de organizar, supervisar y fiscalizar la elección. Accederán a los cargos quienes obtengan la mayoría de votos y se organizarán con base en paridad de género.
En la elección intermedia de 2027 se elegirá a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y a la mitad restante de magistrados de circuito y jueces de distrito.
En el diálogo con representantes de los medios de comunicación, la funcionaria reiteró los principios constitucionales del artículo 54 que impiden la sobrerrepresentación de legisladores en la Cámara de Diputados:
- Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios (por mayoría y de representación proporcional o plurinominales).
- En ningún caso, ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida en las urnas.
La secretaria detalló que las diputaciones plurinominales se distribuyen de la siguiente manera de acuerdo con el artículo 15, numeral 2:
Para obtener la votación nacional emitida, se debe restar a la votación total los votos nulos, votos a favor de candidaturas sin registro, votos de candidaturas independientes y de los partidos que hayan obtenido menos del 3 por ciento del total de votos válidos.
En un segundo paso, en función con el artículo 16, numeral 1:
La votación nacional emitida se divide entre el total de diputaciones plurinominales (200) para obtener el cociente natural.
En un tercer paso, según el artículo 17, se determina el número de diputados que se asignarán a cada partido político dividiendo su votación total entre el cociente natural.
En el cuarto paso, mismo artículo, se señala que cuando sobren diputaciones por repartir tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos iniciando por aquellos cuyo decimal se acerque más al entero.
Finalmente, la secretaria remarcó que Movimiento Regeneración Nacional no violenta las reglas de la Constitución ni los criterios de representación y tampoco rebasa los límites máximos en la asignación de plurinominales.
“Este criterio se ha sostenido en todas estas elecciones: en el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, en el 2021. Ha sido la distribución de plurinominales que establece la ley en la Constitución. (…) Así ha sido siempre, desde la reforma de 2008, que por cierto el PRI aprobó y que eliminó que se considerara como coaliciones a los partidos políticos. Desde entonces siempre se ha cumplido con esta regla”, precisó la funcionaria.
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