El director de la DEA, Timothy Shea, cuyo status es interino, está esperando que el Senado confirme a Merrick Garland como nuevo titular del Departamento de Justicia para requerirle más recursos y más hombres para operar en México.
Así trasciende en los círculos de inteligencia y seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras su fracturada relación con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
Previo a la toma de protesta de Joe Biden el pasado 20 de enero, 40 agentes de la agencia antidrogas ubicados en México dejaron sus cargos y volvieron a Estados Unidos.
El dato de que Shea quiere más poder de acción en el país enciende alarmas en Palacio Nacional. En primer lugar, porque se da por descontado que es para incrementar el accionar de operaciones de tipo extraoficiales, y que no se apegaran a la nueva regulación de agentes extranjeros aprobada por el Congreso mexicano.
En segundo lugar, la fijación con México alimenta la tesis de que en realidad la detención de Salvador Cienfuegos fue un intento fallido por parte de Shea de utilizar al general como trofeo ante el nuevo gobierno demócrata, conseguir más recursos y, de paso, su ratificación en el cargo.
Este ímpetu se pondría en juego ante el esquema que quiere proponer Garland, que estaría en busca de un nuevo enfoque de la situación del narcotráfico en México y Estados Unidos.
El cambio o la continuidad tendrán su correlato a este lado de la frontera. Por estos días, la relación de la DEA con el Ejército mexicano está detonada. Desde la Marina, en cambio, hay un intento por recomponer.
Recientemente se le recordó al presidente de México López Obrador en una reunión de seguridad que, en el 80 por ciento de los objetivos antidrogas que han sido exitosos, la DEA ha estado involucrada. Una gentileza del almirante Rafael Ojeda Durán.
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