CDMX.-Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito por unanimidad de votos, ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.
Determinaron que la Procuraduría General de la República (PGR) debe presentar dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
¿Por qué?
Las autoridades determinaron que sí hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones contra los coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.
Mauricio Fernández, Juan Antonio Trejo y Héctor Gálvez, magistrados integrantes de dicho Tribunal, determinaron lo anterior al resolver los amparos en revisión del 203/2017 al 206/2017, relacionados con el caso Ayotzinapa.
Además, aseguraron que la investigación realizada por la PGR no fue pronta y efectiva, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por eso consideraron que hubo graves violaciones a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no cuenta con una fiscalía independiente, “se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar.
Asimismo, podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
“El objetivo es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”, dijeron los magistrados en sesión celebrada este lunes.
Para ello, agregaron, la decisión tiene armonía con los artículos 20 y 21 de la Constitución que contempla el derecho de las víctimas a participar en la investigación y establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.
