Más de dos centenares de uniformados de la Policía Estatal de Oaxaca se fueron a la huelga este jueves ante la presunta amenaza del gobierno de realizar una serie de despidos.
En total son 218 elementos estatales los que decidieron dejar de patrullar las calles como medida de presión para exigir la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Iván García Álvarez, y de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz.
Ante el sorpresivo paro laboral el gobernador Salomón Jara Cruz negó rotundamente que existiera un plan para despedir a los policías y acusó a sus opositores de estar orquestando una campaña para desestabilizar su administración.
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Sin embargo, la situación cobró mayor seriedad cuando comenzaron a circular en redes sociales documentos fechados el 13 de febrero. Estos papeles, presuntamente oficiales, contenían una lista de los agentes que serían despedidos, lo que alimentó aún más el descontento entre los uniformados.
Ante esta amenaza, los policías tomaron las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal y bloquearon las actividades en señal de protesta. Karina Barón Ortiz, quien ocupa el cargo de secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se presentó en el lugar en un intento de abrir un canal de diálogo con los manifestantes.
Sin embargo, las demandas de los oficiales fueron claras: no solo pidieron la destitución de los funcionarios responsables, sino también garantías de estabilidad laboral y un incremento salarial. Los policías desmintieron las declaraciones del gobernador, argumentando que sus peticiones eran legítimas y que no podían seguir trabajando en condiciones de incertidumbre.
En un intento por desmentir el paro, el gobierno estatal aseguró que no se trataba de una huelga, sino de una “reunión de trabajo” y reiteró que nunca estuvo en sus planes despedir a los oficiales.
Sin embargo, los manifestantes contrarrestaron esta nueva versión con un documento firmado por la subdirectora de seguridad institucional, Arianna Hernández Ortiz, y el comisionado de la Policía Estatal, Plácido Jarquín, en el cual se afirmaba que la orden de despido había sido revocada, aunque esto no disipó las dudas ni la desconfianza de los policías.
En un comunicado oficial, las autoridades aseguraron que, en coordinación con los tres niveles de gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) garantizaba la seguridad en el estado.
En este mensaje, también se detallaba que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y las policías municipales estaban realizando patrullajes y vigilancias en las ocho regiones del estado, como parte de un esfuerzo conjunto para garantizar la tranquilidad mientras se resolvía el conflicto en el cuartel de Santa María Coyotepec, donde se mantenía la protesta.
El gobierno de Oaxaca, a través de su comunicado, expresó que mantenía abierta la vía del diálogo con los oficiales y que se comprometía a atender sus demandas dentro del marco de la legalidad y el respeto mutuo. No obstante, los policías mantienen firme su postura y siguen exigiendo respuestas claras.
Con Información de Agencias
