La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios vinculados al duopolio de materiales electorales.
La mandataria federal aclaró que, hasta el momento, no se han encontrado elementos que relacionen a los empresarios con algún grupo de la delincuencia organizada. Explicó que las indagatorias se centran en el posible movimiento ilegal de recursos provenientes de contratos públicos hacia distintas cuentas bancarias.
“Lo que se está trabajando a través del SAT y la UIF, acciones de lavado de dinero, no quiere decir de la delincuencia organizada, sino de recursos de contratos que a su vez son puestos de manera ilegal en otras cuentas que a su vez van a otras cuentas”, detalló.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que las autoridades presumen que los hermanos Hernández Casillas y la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, permanecen en México. Sin embargo, precisó que no ha recibido información del Instituto Nacional de Migración ni del gabinete de Seguridad sobre posibles salidas del país.
La Presidenta explicó que, si la UIF encuentra elementos suficientes, presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), una vez que se cuente con la información bancaria necesaria para documentar las operaciones.
También indicó que las investigaciones podrían derivar en sanciones administrativas ante las instancias correspondientes, dependiendo de los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de las autoridades financieras.
La Presidenta llamó a los órganos internos de control y a las autoridades electorales a reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y establecer reglas claras para las adquisiciones, con el propósito de evitar nuevas irregularidades y dar certeza a las elecciones de 2027.
“Me parece que es muy importante dar certeza a la elección del 2027, después de todo esto que se ha encontrado”, afirmó.
Finalmente, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aclaró que hasta ahora no han encontrado contratos de las empresas investigadas con dependencias de la administración pública federal, por lo que no existe fundamento para inhabilitarlas por posibles irregularidades cometidas en contrataciones del INE.
“Hasta ahorita no hemos encontrado contratos y no se puede inhabilitar porque se portan mal en otro lugar, que en este caso sería el INE”, explicó.
