“Positivo, ordenamiento del TEPJF para que una mujer presida INE”
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró muy positivo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya determinado que quien presidirá el Instituto Nacional Electoral sea una mujer. Consideró que ellas “suelen ser más honestas, responsables”.
—¿Carla Humphrey podría ser…?
—No, eso no sé.
Destacó que bajo su administración se promovió mayor número de mujeres en el gabinete, pues son casi la mitad y se ha auspiciado una mayor presencia femenina en el Congreso.
“Cuando se habla de equidad de género, es buscar equilibrios, nada más que antes predominaban los hombres. Me da mucho gusto. No es solo la participación de la mujer en lo público, sino que la mayoría de la población son mujeres. Hay que pugnar por su participación en el campo, en la fábrica, en todo”.
Por otra parte, recientemente Carla Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió sobre los riesgos de polarización por la reciente reforma electoral. Al mismo tiempo se manifestó en contra de que el árbitro de la contienda abone a esa confrontación y asuma protagonismos que no le corresponden.
“La polarización no ayuda a nadie en el país. Hay cosas buenas en la reforma, en el plan B, y otras que pudieron haberse mejorado con un diálogo adecuado con legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos”, comentó a La Jornada.
La abogada, especialista en derecho constitucional y ciencia política, señaló que en el paquete de cambios a las leyes secundarias relacionadas con temas electorales “ni todo es malo, ni todo es bueno”.
Aquí un extracto de la entrevista.
–¿Cuál es su opinión, en general, de la reforma?
–Estamos en un punto muy polarizado en el cual se tiene que hablar de que todo está mal o todo está bien. Creo que hay muchas cosas intermedias, muchos grises que vale la pena mencionar como aciertos de la reforma, pero hay otras que se hicieron sin el cuidado adecuado, sobre todo de cara a una elección presidencial. Hoy seguimos sin tener un marco jurídico, no sabemos si el proceso electoral va a empezar en septiembre o en noviembre, lo cual es complejo para nosotros y para los partidos políticos, porque no se sabe cuáles serán las reglas del juego. La reforma debió ser en un proceso intermedio, no antes de uno presidencial.
–¿Cuál es la consecuencia de ese último punto?
–Sin duda hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer; seguimos votando igual que hace 32 años: una boleta impresa, con cada vez mayores elementos de seguridad y una urna física en casillas en donde se siguen nombrando a los funcionarios de la misma manera, por la desconfianza que se tuvo antes del nacimiento del IFE y del INE.
–¿Se refiere a los rezagos en el país en cuanto al voto electrónico?
–Sí, para mí este tema era muy importante y tiene muchas vertientes. Cada vez que pongo un tuit al respecto me dicen “ah, claro, es que quieren que se pueda hackear el sistema”, pues no, hay muchas posibilidades de voto electrónico y no todas son iguales.
–¿Por ejemplo?
–Las urnas electrónicas no están conectadas a internet, entonces no se pueden hackear; por el mismo motivo no tiene que ver la conectividad (de las comunidades); me dicen “es que si se va la luz, ya no funciona”; no es así, esas urnas tienen baterías que les dan autonomía de entre tres a ocho horas. Otra de las quejas es que con ello no se puede hacer recuento de votos, lo cual es también falso porque se imprime un comprobante de votación que cae en una urna.
Al preguntarle sobre los aciertos y riesgos del plan B, la consejera Humphrey habla, en sentido positivo, de llevar a la ley el voto en prisión preventiva y las acciones afirmativas, aunque en este último punto lamenta que se limita a 25 espacios en la Cámara de Diputados, lo mismo que la falta de flexibilidad en la paridad.
En cuanto al voto electrónico, si bien es el único punto que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas, señala que los avances son ínfimos, por lo que en la elección de 2024 el INE tendrá que mandar imprimir 300 millones de boletas en papel seguridad. “El INE va tarde. Se han utilizado 294 urnas electrónicas en tres procesos electorales, o sea, nada. No hay ese impulso por avanzar”, lamenta la consejera, activa promotora de la modernización en el sufragio.
–¿Ve otros puntos positivos en el plan B?
–Sí, aunque este punto a mis colegas no les gusta, que es la desaparición de la Junta General Ejecutiva.
–¿Considera posible reducir la estructura del INE?
–Yo, desde que llegué en agosto de 2021, propuse una comisión de innovación y modernización; se acordó en Consejo General aprobarla en fechas posteriores y la sigo esperando hasta el día de hoy. También los bloqueos internos son importantes para no seguir avanzando en algunos temas.
–Hay opositores a la reforma que alertan de riesgos prácticamente si se cambia una oficina o una coma al INE.
–Lo he dicho en Consejo General: estamos sobrecargados de normatividad; nos tenemos que simplificar, hacer más ágiles como instituto y no darnos cuerpos normativos para todo. Eso sí lo he señalado, fiscalización es una cosa enorme, cuyo reglamento habría que revisar, porque es muy complejo y no nos lleva al fondo del asunto que es saber: de dónde vienen y a dónde van los recursos que gastan los partidos.
–¿Y las alertas de la reforma?
–Que estamos poniendo en riesgo no las elecciones, sino la calidad con la que se organizan; tenemos en el país 300 distritos y ¿qué tiene el INE?, 300 oficinas distritales con una estructura igual en cada uno de ellos. Una afectación (con la compactación de esas oficinas) es que no se podrían hacer las notificaciones personales a las que obliga el tribunal y para garantizar el debido proceso a las personas denunciadas en algún procedimiento, por mencionar dos aspectos. Otro tema importante es (tener el personal suficiente) para hacer la fiscalización en tierra, para atender la violencia política en razón de género, así como la eficiente capacitación a los funcionarios de casilla.
–Morena dice que con la reforma se suprime 24 por ciento del personal de mando de las juntas distritales, mientras que el INE señala que será 84 por ciento y, por tanto, se afectará el derecho al voto –se le plantea.
–No es que no se puedan hacer elecciones con el plan B, sino que hay una afectación importante a la calidad de las elecciones a las que estamos acostumbrados en el país. Para 2024 estamos proyectando que vamos a tener que instalar 166 mil casillas en todo el país, lo cual implica capacitar a un buen número de ciudadanos (pero la reforma) pone menos tiempo para ello (o para notificar cambios de los representantes de partidos en casillas). Es en eso en lo que tenemos que hacer énfasis: en la calidad. Es un tema de certeza. Si bien toda institución es perfectible, el tema de la estructura (y la reducción de vocalías) es el más complicado. ¿Hacer elecciones más baratas? Sí, pero con claridad sobre a qué queremos llegar. Cada una de estas personas (vocalías) está en su lugar porque se lo ha ganado, saben cómo hacer su trabajo. También me preocupa el tema de mover los módulos a sitios como escuelas y oficinas gubernamentales, o que los funcionarios del servicio exterior revisen el padrón de residentes en el extranjero; no le veo certeza a ello y sí una afectación más grave.
Del papel del INE frente a la reforma, Humphrey expresa:
“Mi posición es pública y notoria; creo que el árbitro electoral tiene que ser otro, nuestros debates tienen que ser en la mesa, no fuera, y los protagonismos no tienen por qué ser lo que guíe la labor institucional.”
El árbitro, añadió, “casi no debe verse, sólo debe tener visibilidad por sus acuerdos, por sus resoluciones, por lo que construye, pero no por estos debates y estas discusiones internas que han salido del contexto muy claramente, las que yo no comparto. Esas no son las formas y menos en esta que llamamos ‘La herradura de la democracia’ o ‘La casa de la democracia’. El papel del árbitro electoral debe ser otro”.
–El consejero presidente del INE ha sostenido que con esta reforma el gobierno busca apropiarse del control de las elecciones, mientras que los promotores del plan B afirman que es necesario reducir la burocracia dorada. ¿Qué propondría frente a ese contexto?
–Como abogada hay muchos temas que nos preocupan del plan B y, como hemos dicho, acudiremos a las formas jurídicas que tenemos para que la Corte resuelva lo que consideramos que violenta la Constitución. Esa es la vía que tenemos que utilizar, la jurídica. ¿A qué llamaría?, justamente a tender puentes con el Legislativo, a poder hablar, a hacerles notar, en otros tonos y con otras formas. Es importante tender puentes de diálogo; lo peor que podemos hacer es seguir polarizando al país.
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