Una vez más el titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán, Adrián Pérez Novelo, pospuso la audiencia en la que determinará si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo 5, luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional.
El juez aplazó la audiencia para el próximo 9 de septiembre después de las nueve de la mañana para su realización.
“Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que mediante acuerdo de 9 de agosto de 2022, se señalaron las 9:19 del 19 de agosto de 2022, para que tenga verificativo la audiencia relativa al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, sin que ésta se hubiese celebrado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se regulariza el procedimiento en estos autos y se señalan como nueva fecha y hora las 9:09 del 9 de septiembre de 2022”.
Es la tercera ocasión que el impartidor de justicia aplaza la diligencia. En la última ocasión, el juez señaló que se posponía porque las autoridades no habían rendido sus respectivos informes y no existía constancia que acreditara que hayan recibido los oficios, a través de los cuales se realizó el requerimiento.
Busca expropiar 190 hectáreas para el Tren Maya
El Gobierno federal presentó un proyecto que busca expropiar 190 hectáreas para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya en los municipios de Tulum y Solidaridad, Quintana Roo, ante la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria (Conamer).
El proyecto impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende expropiar cuatro polígonos en el municipio de Solidaridad, los cuales suman 106 mil hectáreas, mientras que otros cinco polígonos de Tulum, de 84 mil, completan las 190 hectáreas, según reveló la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De ser publicado este decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrará en vigor al día siguiente y los nueve terrenos quedarán a favor del Gobierno federal para la continuidad de la obra insignia de López Obrador.
El proyecto detalla que después de su publicación en el DOF, la Sedatu procederá a ocupar inmediatamente los terrenos, y en conjunto con el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur Tren Maya, se coordinarán para gestionar los recursos necesarios y cubrir el monto de indemnización.
El pasado 9 de agosto, un Juez negó otorgar la suspensión definitiva a una asociación civil que buscaban frenar la obra del Tramo 5 y 6 del Tren Maya. dejando así sin efectos la última “suspensión provisional” que había.
Una semana antes, el mismo Juez revocó otros tres amparos de suspensiones definitivas de las obras del Tramo 5 porque “consideró que fueron atendidas las condiciones establecidas” que permitirían continuar con los trabajos de construcción.
Luego de ser declarada el pasado 18 de julio como una obra de seguridad nacional por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se confirmó que los trabajos en dicho tramo fueron reanudados a mediados de julio debido al impacto económico que implicaba su suspensión.
De acuerdo con el Gobierno federal, el Tren Maya cuenta con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste.
La inauguración de esta obra está proyectada para diciembre del 2023, según el Presidente López Obrador, quien ha insistido en que culminarán la obra incluso a pesar de los inconvenientes que ha sufrido en los juzgados.
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