Un diputado federal presentó una iniciativa legislativa que busca incorporar el tratamiento químico de inhibición sexual —conocido popularmente como castración química— como parte de las sanciones y medidas de seguridad para quienes sean condenados por delitos sexuales graves, con especial atención a los crímenes cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
Según explicó el legislador del PRI, Israel Betanzos Cortes, este procedimiento consiste en la aplicación de compuestos hormonales temporales y reversibles, aprobados por la Secretaría de Salud, con el objetivo de disminuir la libido y reducir el impulso sexual.
La drástica medida, destacó Betanzos Cortés, estaría reservada exclusivamente para personas con sentencia firme por delitos como abuso sexual, violación, pederastia, incesto y turismo sexual.
“Este tratamiento deberá ser integral: el sentenciado deberá recibir atención médica física y especializada en salud mental, a fin de favorecer su rehabilitación y evitar la reincidencia.
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La duración del tratamiento será equivalente al tiempo de la pena impuesta”, puntualizó Betanzos Cortes, subrayando que la medida no se limita a un enfoque punitivo, sino que también contempla la recuperación del agresor.
El legislador insistió en que la finalidad de la iniciativa es disminuir los índices de violación y agresiones sexuales en el país, subrayando que la sociedad requiere mecanismos de protección, justicia y rehabilitación que realmente resulten efectivos.
“Esta no es una medida aislada ni punitiva en exceso; es un esquema preventivo e integral que busca proteger a las víctimas y garantizar la no repetición”, agregó, recalcando que el programa combina sanción y prevención, buscando reducir la reincidencia de delitos sexuales.
La propuesta llega en un contexto de creciente preocupación por la violencia sexual en México, donde las autoridades y la sociedad civil han demandado estrategias más contundentes para proteger a los menores y garantizar justicia a las víctimas.
De aprobarse, el tratamiento químico formaría parte de un esquema más amplio que incluye seguimiento médico y psicológico, asegurando que los agresores reciban la atención necesaria mientras cumplen su sentencia.
Betanzos Cortes destacó que la iniciativa pretende equilibrar la necesidad de sancionar severamente los delitos sexuales con la obligación de garantizar la rehabilitación y reintegración de los condenados, evitando que vuelvan a cometer crímenes que afecten a la infancia y adolescencia en el país.
Con Información de Agencias
