El gobierno mexicano presentó una “denuncia por el desastre ambiental” que la empresa Calica ha ocasionado en Quintana Roo ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
A través de un tuit la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores entregó la denuncia a la funcionaria chilena en la ONU.
El pasado 16 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado que se presentaría “una denuncia internacional”.
A través de Twitter, Albores informó de la presentación de la denuncia el lunes y posteó una fotografía en la que aparece con Bachelet. Sin más detalles, agregó: “El territorio es de l@smexican@s, cuidarlo es nuestra responsabilidad. Venimos a defender la naturaleza y nuestra soberanía”.
En junio el mandatario adelantó que la denuncia se haría ante tribunales internacionales y ante la Organización de Naciones Unidas. También planteó la posibilidad de notificar a la empresa ante las bolsas de valores, ya que la explotación del banco de materiales en Quintana Roo dejó un desastre ambiental.
La empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadunidense Vulcan Materials, ha operado en un área de alrededor de 3 mil hectáreas, en el municipio de Solidaridad, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en mayo impuso como medida de seguridad clausuras temporales totales de las actividades y obras en el sitio.
Presentamos a la Alta Comisionada de la #ONU sobre Derechos Humanos, @mbachelet, la denuncia por el desastre ambiental del caso CALICA, en Q. Roo., Méx.
El territorio es de l@s mexican@s, cuidarlo es nuestra responsabilidad.
Venimos a defender la naturaleza y nuestra soberanía. pic.twitter.com/nebERgSgD3
— María Luisa Albores González (@Mary_Luisa_AG) July 4, 2022
Aprovechamiento indebido
El 3 de mayo la Semarnat informó en un comunicado que estas medidas fueron a causa de “acciones en contra del aprovechamiento indebido de los recursos naturales de nuestro país y del deterioro del medio ambiente”.
Indicó que durante la inspección en el predio La Rosita, “se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que con base en la legislación ambiental se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”.
Recordó que en 2017 y 2018, la Profepa ya había impuesto una clausura y sanciones administrativas a Calica “por aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado, en superficie y temporalidad en el predio El Corchalito, lo que derivó en una demanda al Estado mexicano bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reclamando una compensación de más de mil 500 millones de dólares estadunidenses, más intereses y gastos procesales”.
El presidente López Obrador en distintas conferencias de prensa matutinas ha señalado que se busca evitar que continúe la destrucción del medio ambiente y “no queremos que se siga utilizando esa área como banco de materiales y que se lo lleven para construir carreteras en Estados Unidos”.
En 1986 Calica obtuvo la primera autorización para explotar roca caliza por debajo del manto freático en la Rosita, en 1996 obtuvo un segundo permiso para explotar sobre el manto freático. El 30 de noviembre del 2000, antes de terminar la administración de Ernesto Zedillo, obtuvo un tercer permiso por 20 años, explicó en el comunicado de mayo la Semarnat.
Por su parte, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, recalcó que el gobierno mexicano protege su territorio y la naturaleza “para garantizar un futuro a las próximas generaciones”.
Caso Calica
En mayo pasado, la Secretaría del Medio Ambiente clausuró las actividades de la empresa porque incumplió con la normatividad federal en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental.
Esto, luego de que el gobierno y la compañía acordaran finalizar con las actividades de extracción, situación que la empresa no dejó de hacer.
Además, se le acusa de causar daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que determinó que se impusiera como medida de seguridad la clausura temporal total de las actividades y obras realizadas en el sitio.
Ante la decisión de las autoridades mexicanas, la empresa interpuso un amparo y acusó al gobierno de López Obrador de actuar de manera ilegal. El Poder Judicial determinó que la empresa seguiría con paro total de actividades de manera temporal.
El 22 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se interpondría una demanda ante instancias internacionales para que la empresa cesara de manera definitiva sus operaciones.
El mandatario aseguró que Calica no respeta los acuerdos a los que llegó con su gobierno y continúa explotando minerales provocando daños al ambiente.
“Estamos trabajando en el documento para fundarlo, no cerramos la posibilidad del acuerdo, si ellos dicen que aceptan destinar el predio para un parque ecoturístico o de comprarles el terreno y ya nosotros vemos si lo declaramos reserva natural protegida con el uso de algunas zonas con propósitos turísticos, pero no podemos permitir que sigan destruyendo el medio ambiente”, expresó el mandatario
La empresa se dedica a extraer y moler la piedra caliza para producir los agregados de construcción para carreteras, puentes, hospitales, escuelas, iglesias y otras edificaciones de concreto. Opera en México desde la década de los 90 debido a que el entonces presidente Ernesto Zedillo otorgó varios permisos.
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