La Fiscalía General de la República (FGR) presentará datos de prueba “novedosos” ante la juez de control Nora Ileana García Peralta para que modifique a Gilda Susana Lozoya Austin el beneficio de libertad condicional por la medida cautelar de prisión preventiva justificada y siga su proceso en la cárcel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de ingresar dinero del extranjero al país y ocultar su origen.
Este jueves, se llevará a cabo una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, donde la juzgadora evaluará los argumentos del Ministerio Público Federal respecto de la hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Durante la diligencia, la juzgadora tomará la decisión final, luego de que el abogado Alejandro Rojas Pruneda y el Ministerio Público Federal (MPF) argumenten por qué la medida cautelar debe modificarse o mantenerse.
Tras escuchar a las partes, la togada puede decidir, que se mantenga la libertad condicional porque no considere que existe riesgo de evasión o cambiarla para que la imputada enfrente su proceso en prisión.
Gilda Susana Lozoya fue detenida el 1º de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras arribar en un vuelo procedente de Amsterdam, con base en una orden de aprehensión por presunta participación en transferencias de dinero mediante el sistema financiero nacional e internacional para ocultar el origen ilícito de recursos con los que su hermano adquirió una residencia de 2.8 millones de dólares en la capital en 2012.
Los representantes de la FGR la acusan de que conoció y participó en acciones con las cuales en 2012 se “lavaron” 3.4 millones de dólares que su hermano recibió como soborno por parte del accionista mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, para que Pemex adquiriera a sobreprecio la empresa Agronitrogenados.
Sin embargo, en la audiencia inicial del viernes pasado, la impartidora de justicia consideró que la FGR no aportó pruebas de que investigó durante los últimos tres años el paradero de Gilda Susana Lozoya y tampoco que la citó a comparecer ante el Ministerio Público o que le haya solicitado acudir ante autoridades judiciales, por ello, García Peralta la dejó en libertad condicional.
Ese día calificó de legal la detención, pero determinó que el Ministerio Público no aportó elementos de prueba para dictarle prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.
Argumentó que la FGR no tuvo elementos para acreditar que se aplicara la medida cautelar, ya que no demostró que la imputada tenga falta de arraigo familiar; tampoco aportó información respecto de lo que hicieron los agentes para localizarla desde 2023, y con ello quedó en evidencia que no se buscó permitirle comparecer ante las autoridades.
El martes, durante la continuación de la audiencia inicial y tras la vinculación a proceso, la Fiscalía solicitó nuevamente la imposición del cambio de medida cautelar para que Gilda Susana sea trasladada a un Centro Femenil de Reinserción Social.
