La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal solicitó que el expediente relacionado con el cese de Edmundo Jacobo Molina, hasta el miércoles pasado secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), sea asignado a otra magistratura, luego de que el proyecto elaborado por Janine Otálora Malassis fue divulgado en medios de comunicación y no en los cauces institucionales.
Fuentes del TEPJF precisaron que el asunto llegó a la sala superior el jueves y estuvo listo apenas horas después. Lo anterior, porque el recurso promovido por el INE para restituir a Jacobo fue ingresado a las 7:36 de la mañana y el del propio ex funcionario a las 11:12. Para las 20:18 de ese mismo jueves, el proyecto ya había sido enviado a sus colegas, pero se decidió que no se le daría carácter de “urgente”, por lo que no fue incluido para la sesión de hoy miércoles,
En el documento firmado por la consejera Jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos, se acusa a la magistrada de haber actuado “de manera parcial e ilegal”, lo cual viola las reglas internas y de ética de este tribunal, al haber permitido la filtración de un proyecto.
“Queda demostrado que la magistrada ya emitió un pronunciamiento de fondo sin haber notificado a las autoridades responsables para que pudieran actuar en su defensa, por lo que vulnera el principio de imparcialidad judicial que debe regir su actuar dada su investidura”, señaló Ríos.
Hasta anoche el caso no aparecía en los asuntos enlistados para la sesión de la sala superior del TEPJF, a realizarse este miércoles, aun cuando el INE solicitó “urgente resolución”. Tampoco estaba agendada la impugnación de la consejera Carla Humphrey, a quien se impidió continuar en el proceso de selección del próximo presidente del INE.
A escala general, el TEPJF había abierto expediente a 215 recursos contra el plan B de la reforma electoral. La mayoría de los asuntos fueron asignados al magistrado Indalfer Infante, aunque cinco de sus compañeros también tenían asuntos de este mismo tema. En cuanto al recurso promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia, fue asignado al magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez.
En la carátula de recepción se lee: “Promueve impedimento en el expediente SUP-JDC-118/2023, al considerar que la magistrada Janine M. Otálora, instructora en dicho juicio, ha dado a conocer, en forma indirecta o directa, su postura de magistrada ponente ante la opinión pública sobre la demanda de Edmundo Jacobo Molina”.
Según información divulgada extraoficialmente, el proyecto de Otálora propone ordenar la restitución en el cargo de Jacobo Molina, quien ocupó esa posición de 2008 hasta la semana pasada, con el argumento de que el cese se instruyó en un transitorio del decreto de la reforma, no en un cambio de aplicación general.
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