La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, le planteó que en el caso de que las autoridades competentes determinaran que algunas propiedades del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tuvieran un origen irregular, se pudiera utilizar esos inmuebles para crear una universidad.
Sheinbaum Pardo señaló que las presuntas propiedades irregulares del dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, se convirtieran en instalaciones universitarias. La iniciativa surgió tras las investigaciones que el gobierno estatal mantiene sobre dichos inmuebles, señalados desde hace meses por su posible origen ilícito.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la propuesta será revisada conforme a los procesos legales aplicables. Afirmó que cualquier presunto acto irregular en el patrimonio de servidores públicos o ex funcionarios debe ser investigado y, si procede, sancionado conforme a la ley.
La mandataria federal destacó que este tipo de iniciativas pueden contribuir a recuperar bienes públicos en beneficio de la población, siempre que las investigaciones confirmen irregularidades y los inmuebles pasen legalmente al Estado. Subrayó que la prioridad es garantizar que la justicia se aplique de manera objetiva y sin persecuciones políticas.
En otro orden de ideas, ante las versiones de que el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, no reportó muchas propiedades en su declaración patrimonial, la mandataria comentó que siempre que en medios de comunicación salen presuntas irregularidades de servidores públicos federales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno toma nota e investiga si efectivamente hay anomalías o, en caso contrario, se desecha.
En relación con los señalamientos recientes contra Rommel Pacheco, director de la Conade, Sheinbaum explicó que su gobierno mantiene un protocolo claro: cada vez que surgen acusaciones en medios de comunicación o redes sociales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inicia una revisión formal.
Precisó que dicho organismo cuenta con autonomía técnica para investigar presuntas inconsistencias en declaraciones patrimoniales, adquisiciones o cualquier acto que pueda constituir corrupción dentro del servicio público. “No encubrimos a nadie”, puntualizó.
Finalmente, Sheinbaum insistió en que su gobierno seguirá combatiendo la corrupción a través de mecanismos institucionales y no mediante confrontación política, reiterando que todas las investigaciones deben basarse en pruebas documentadas y procesos transparentes.
