El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un presupuesto para el último año de su mandato por 9 billones 21 mil 995 millones de pesos, un incremento real de 4.3 por ciento real respecto del ejercicio en curso, y planteó un enfoque de gasto eminentemente social, que implica 729 mil millones de pesos para pensiones y becas.
El mayor monto de este gasto será para la pensión a adultos mayores, que ascenderá a 465 mil 48.7 millones de pesos, que permitirá financiar el incremento del apoyo a 6 mil pesos bimestrales.
Para siete proyectos prioritarios, el Ejecutivo propone un monto de 222 mil 667.8 millones de pesos, de los cuales 120 mil millones serán para concluir la obra del Tren Maya. Otros 39 mil 475 millones de pesos para obras hidráulicas de la Conagua; 35 mil 133.5 millones de pesos a construcción y mantenimiento de vías de comunicación y transporte; así como 29 mil 59.3 millones para desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Asimismo, otros 4 mil millones para concluir el tren México-Toluca; 2 mil millones más para ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA; y mil millones de pesos para el Espacio Cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec.
En la exposición de motivos, el Presidente resaltó que la clasificación económica del gasto muestra la recomposición de las erogaciones programables en favor de los programas de subsidios, que entregan beneficios directos a la población.
Para el próximo año, el proyecto de presupuesto propone un total de 2.5 billones de pesos de participaciones y aportaciones a estados y municipios, apenas un aumento de .5 por ciento real respecto del aprobado para este año.
En este rubro, el mandatario señaló que el gasto para estados y municipios permitirá continuar apoyando el fortalecimiento de sus capacidades, “para que estén en condiciones de atender sus obligacioes institucionales en materia de educación, salud, infraestructura social y educación pública”, entre otras.
Los lineamientos de política económica “prudentes y alineados” con la visión de desarrollo que se planteó hace cinco años, han permitido poner “arriba a los de abajo y abajo los privilegios”, ostentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, en un recuento de datos sobre gasto, inversión, reducción de pobreza y demás, acompañados de una cita que, enfatizó, fue tomada del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandato de “por el bien de todos, primero los pobres” se ha acompañado de un incremento de 40 por ciento en el gasto social respecto a 2018, dirigido a becas, pensiones y otros programas sociales, que se ha concentrado en los hogares que más lo necesidad, y ha revertido los niveles de desigualdad, particularmente en jóvenes, adultos mayores, trabajadores, así como entre las regiones sur y sureste del país, desplegó Ramírez de la O.
El secretario dijo que esos programas llegan a 70 por ciento de la población y “el éxito de esta nueva política pública es evidente”; durante el sexenio más de 5 millones de personas abandonaron la pobreza y por primera vez en la historia, el porcentaje de la población en esa condición es menor al 40 por ciento. Todo en medio de las “secuelas de la pandemia (…), que representó el choque más severo para la economía mexicana desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado”.
“Nunca en la historia se había logrado revertir en tan poco tiempo el efecto de una crisis sobre los niveles de pobreza y, además, tener hoy menos pobreza de la que teníamos antes de la pandemia”, enfatizó Ramírez de la O, quien desde la primera campaña del presidente López Obrador, ha acompañado su visión económica.
Parte del aumento del gasto en materia social, exhibió el secretario de Hacienda, se debe a “una profunda reestructuración del gasto”, se eliminó el suntuario, se atajó la corrupción y se quitaron intermediarios en el reparto de transferencias monetarias, lo que ha permitido un “despliegue de recursos sin precedente”.
En materia laboral, y luego de las diversas reformas en subcontratación, pensiones, el aumento de días de vacaciones, la flexibilidad para afiliar a la seguridad social, destaca por que se dio “un cambio radical en la política salarial con efectos directos en el bienestar y el combate a la desigualdad”.
En ese punto, Ramírez de la O enfatizó que uno de los principales logros de esta administración fue “revertir el terrible deterioro” que tuvo el salario mínimo en el periodo neoliberal. Desde 1976 y hasta antes de 2019 esa remuneración base había perdido 70 por ciento de su valor real, y los incrementos que el actual gobierno ha impulsado en mesas tripartidas han logrado su recuperación en 88 por ciento real.
Esto también ha permitido que crezcan las remuneraciones reales sin que ser un riesgo para la carestía, enfatizó el secretario; la anterior evidencia que “contrario a sofismas y dogmas ortodoxos, se puede aumentar el salario mínimo y mejorar las condiciones de los trabajadores sin generar espirales inflacionarias o afectar los niveles de empleo”, atizó.
Ramírez de la O destacó que el impulso el desarrollo de proyectos de infraestructura no sólo han detonado el crecimiento económico y la conectividad entre regiones, le han acompañado capitales privados, ante la llegada de nuevas empresas por el efecto de la relocalización. Como evidencia, destacó que durante las dos administraciones anteriores la región sur creció 0.1 y decreció 0.1 por ciento, respectivamente. En la actual lleva un avance anual medio cuatro veces más alto.
Agregó que 4 de los 5 estados del país con mayor dinamismo en lo que va de la administración pertenecen al sur, Tabasco con un crecimiento acumulado de 50 por ciento, Oaxaca con 13 por ciento, Chiapas con 9 por ciento y Quintana Roo con 6 por ciento.
Ramírez de la O también destacó que con las medidas de combate a la evasión y elusión fiscal, se han logrado incrementar los ingresos tributarios sin aumentar ni crear nuevos impuestos. Estas políticas, “específicamente, estimamos que en 2024 se consolidará una ganancia de carácter permanente de 1.7 puntos porcentuales del PIB (producto interno bruto)”, dijo.
El secretario agregó que uno de los principales diferenciadores de esta administración, frente a previas es el manejo de la deuda pública. El objetivo es que se mantenga “estable y sostenible hacia el mediano plazo, a pesar del volátil entorno generalizado de las tasas de interés a nivel global”.
Expuso que se espera que al cierre de 2023 la deuda pública alcance 46.5 por ciento del PIB, un incremento de 2.8 puntos porcentuales respecto a su nivel de 2018, lo cual es “casi una tercera parte del aumento promedio de 8.2 puntos porcentuales” que dejaron la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sobre la deuda bruta de Petróleos Mexicanos, el secretario dijo que ésta se redujo 72.4 puntos porcentuales del PIB petrolero entre 2018 y 2022, lo cual el funcionario también comparó con las dos administraciones previas y calificó de “favorable”, a la luz de que en esos periodos, el incremento promedio de las obligaciones fue de 182.3 puntos porcentuales.
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