La ministra Lenia Batres Guadarrama propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ante la aprobación de la reforma al Poder Judicial se instale una mesa de transición que entre otras cosas “formule una propuesta de reformas necesarias en la legislación secundaria que de común acuerdo entre las y los integrantes de este Pleno, deben ser consideradas para garantizar la viabilidad de la función jurisdiccional con los cambios que conlleva la aplicación de los cambios constitucionales respecto del Poder Judicial de la Federación”.
En la propuesta que fue presentada ayer, la ministra señala en su escrito establece que “ante el incidente de confrontación que llegó al punto de permitir la inédita irrupción de personal del Poder Judicial en un recinto del Poder Legislativo para sabotear el ejercicio de una facultad constitucional de ese poder, considero necesario hacer un llamado a la prudencia, responsabilidad e institucionalidad de la comunidad que conforma los distintos órganos del PJF.
“Corresponde al Pleno de la SCJN asumir el papel de liderazgo que le compete como cabeza de uno de los tres poderes del Estado mexicano”.
Batres Guadarrama señaló a los integrantes de la Corte que “ante la inminente aprobación de la reforma en materia del Poder Judicial, por parte de la mayoría de los congresos de las entidades federativas de nuestro país, es necesario generar las condiciones que permitan – además de un funcionamiento regular del Poder Judicial- participar constructivamente en la nueva época democrática, que configurará a este poder”.
En la propuesta para una mesa de transición menciona que se debe convocar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para diseñar los instrumentos normativos que permitan aprovechar los recursos con los que cuenta el Poder Judicial actual para la instalación y funcionamiento tanto del órgano de administración, como del Tribunal de Disciplina Judicial aprobados en la reforma constitucional.
En el documento que hoy fue recibido en la presidencia de la Corte refiere que esta, en conjunto con el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “tome las medidas adecuadas que garanticen el cumplimiento de obligaciones financieras y laborales señaladas en la reforma, como la extinción de fideicomisos y la adopción de límites a las remuneraciones, con estricto respeto de los derechos de las personas trabajadoras”.
Asimismo, menciona que se debe generar un canal institucional que sea adecuado para recibir propuestas normativas por parte del personal de base y de confianza adscrito a los juzgados, tribunales, la Corte y demás áreas administrativas, para ponerlas a consideración del Poder Legislativo”.
Concluye su escrito señalando que una mesa de transición “puede coadyuvar a reconstruir el orden constitucional y reencausar las labores ordinarias del Poder Judicial”.
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