Marcela Guerra Castillo, diputada federal por Nuevo León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso en San Lázaro una iniciativa de reformas para instaurar la prisión preventiva a las personas que cierren las vías públicas.
El argumento principal de Guerra Castillo es que en los últimos meses se han registrado “cierres arbitrarios e ilegales en vías de comunicación terrestre que afectan a la gente, al comercio y la economía del país”.
Además, expuso que se las manifestaciones “representan una afectación nacional” por lo que propuso “agravar las penas para quienes lo realizan por un periodo prolongado”, es decir, la prisión preventiva oficiosa.
Añadió que la Asociación de Industriales de Michoacán reportó pérdida por más de 150 millones de pesos debido a los bloqueos en las vías terrestres gracias a la interrupción del traslado de mercancía.
También señaló que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y empresas privadas estiman pérdidas por siete mil millones de pesos por el tomo de casetas en las distintas entidades del país.
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