Puebla se convirtió en la primera entidad en México en reconocer la violencia ácida como tentativa de feminicidio, así como en quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a quienes estén siendo investigadas por el mismo delito.
El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la “Ley Malena” la cual tipifica las agresiones con ácido u otras sustancias químicas como “feminicidio en grado de tentativa” y castigarlo con una condena de hasta 40 años de prisión a los agresores. Además, aprobó la “Ley Monzón”, una reforma legislativa para quitar la patria potestad a los feminicidas, así como la suspensión de la misma quien esté siendo investigado por el delito de feminicidio.
Con esta serie reformas, Puebla se convirtió en la primera entidad en marcar un precedente para garantizar la obtención de justicia a víctimas directas y colaterales, así como a las sobrevivientes de estos tipos de violencia de género.
Esta ley fue nombrada así en honor a Cecilia Monzón, una abogada feminista, quien fue asesinada presuntamente por el expriísta Javier López Zavala, con quien tenía un hijo en común. Ante este caso, se buscó velar por el bienestar del menor quien al momento del feminicidio de su madre se convirtió en victima colateral de este delito, por lo que esta reforma pretende suspender la patria potestad de los padres presuntamente feminicidas.
María Elena Ríos es una saxofonista oaxaqueña, quien en el año 2019 sobrevivió a un ataque de ácido orquestado por el también expriísta Juan Vera Carrizal. Ante un largo juicio, el cual aún continua, en donde su agresor puede quedar libre e impune, decidió promover una iniciativa de ley para terminar con las lagunas legales que imposibilitan catalogar los ataques de ácido como tentativa de feminicidio.
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